Tras el declive de
UCD a causa de las grandes disensiones internas, el presidente Calvo Sotelo
procedió a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones que serían
ganadas por el socialista Felipe González con mayoría absoluta en 1982.
González se presentaba como el motor del cambio que España necesitaba, y se
mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas.
El programa de reformas del PSOE
tenía como prioridades luchar contra la crisis, racionalizar las
administraciones y avanzar hacia la consecución del Estado del bienestar. Para
revitalizar la economía se tomaron medidas dirigidas a garantizar la
estabilidad financiera, reducir la inflación y estimular la inversión privada.
Al mismo tiempo se reestructuró la industria adaptando los sectores a las
exigencias del mercado internacional y del ingreso en la CEE. Se sanearon las
financias y se promovió la tecnología, pero la capacidad industrial se vio
reducida y con ella el empleo, lo que provocó conflictos laborales.
Acompañando a las reformas
económicas se llevaron a cabo otras de carácter social como la despenalización
de ciertos supuestos del aborto y una reforma educativa. Esta se concretó en la
Ley de Reforma Universitaria (1983), que reconocía la autonomía de las
Universidades, la LODE (1985), por la cual la educación obligatoria y gratuita
alcanzaba hasta los 14 años. Con la LOGSE (1990), se extendería hasta los 16.
En 1988, las protestas sociales comportaron la universalización de la
asistencia sanitaria gratuita, el fortalecimiento de la protección al desempleo
y la consolidación del sistema de pensiones mediante el Pacto de Toledo.
En el ámbito territorial se
consolidó el Estado de las Autonomías, aunque la distribución de competencias
comportó algunas dificultades. La declaración de inconstitucionalidad de la
LOAPA, llevó a la elaboración de otra ley con los artículos que seguían siendo
legales (La Ley del Proceso Autonómico o LPA).
Puesto que la integración de
España en la CEE era una de las prioridades de González, España tuvo que llevar
a cabo un arduo proceso de adaptación a la normativa comunitaria. El 12 de
junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión consensuado por todos los
partidos. La incorporación efectiva se llevó a cabo el 1 de enero del año
siguiente.
Sin embargo, las situaciones más
críticas llegaron de la mano del devastador terrorismo de ETA, que asesinó
a más de cien personas sólo durante la
primera legislatura de González. Para abordar este problema, se firmó el Pacto
de Ajuria Enea (1988) con la intención de aunar esfuerzos entre todas las
fuerzas democráticas contra el terrorismo. En cuanto a los asuntos militares,
se acometió una reforma del ejército para acabar con el peligro del golpismo.
Esta consistió en reducir la plantilla militar gradualmente y someter al
ejército al poder civil.
Pero el desgaste político de
González, propiciado por el deterioro de las relaciones con los sindicatos,
algunos casos de corrupción, el escándalo de los GAL y la crisis de 1982,
propiciaron que las elecciones de 1996 fueran ganadas por el Partido Popular.
El primero de los gobiernos
populares fue centrista y se centró en subsanar los problemas económicos, sin
cambiar grandes cosas, pues no contaban con la mayoría absoluta. El mayor logro
económico fue entrar en el primer grupo de Estados que adoptarían el Euro, pero
esto supuso una frenética privatización de empresas para equilibrar el déficit.
En el ámbito del terrorismo, los
primeros momentos de entendimiento con el PNV para hacer frente al terrorismo
de ETA se truncaron con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que
provocó grandes protestas. Los nacionalistas vascos interpretaron que los no
nacionalistas iban en su contra, rompieron el pacto de Ajuria Enea y
suscribieron el Pacto de Lizarra en 1998, exclusivo de nacionalistas.
En el año 2000 el PP obtuvo la mayoría
absoluta y desde entonces actuó sin cortapisas. Se modificó sensiblemente la
legislación socialista, elaborando una serie de Leyes: la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de
Universidades, que reducía su autonomía, la LOCE, que reestructuraba las enseñanzas
medias y la Ley de Partidos, por la cual se ilegalizaba todo aquél que no
condenara el terrorismo. Por otro parte se procedió a suprimir el servicio
militar obligatorio.
Además, el PP llevó a cabo el
faraónico Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba trasvases entre cuencas e
intentó reformar el subsidio por desempleo sin negociar con los sindicatos,
pero la aprobación provocó una huelga general así que se acabó retirando. En
política exterior, Aznar apoyó la invasión de Irak.
El desgaste sufrido a partir de
la funesta gestión del desastre del Prestige,
pero sobre todo a causa de los atentados del 11-M tres días antes de las
elecciones, propició la llegada de los socialistas del nuevo al poder.
