A raíz de las
crecientes diferentes en el seno de los poderes franquistas, el rey Juan
Carlos, aconsejado por sus colaboradores, forzó la dimisión de Arias Navarro y
nombró presidente a Adolfo Suárez, que inmediatamente aprobó una serie de
medidas encaminadas a democratizar el sistema. Se las arregló para que estas
fuesen aprobadas por las Cortes franquistas, consiguió la libertad sindical y
la legalización de los Partidos, con lo cual se convocaron unas primeras elecciones
democráticas, que ganó la UCD y su candidato a presidente Adolfo Suárez. A
pesar de no tener formalmente carácter constituyente, se evidenció que todos
estaban de acuerdo en la necesidad de elaborar una Constitución.
Esta Carta Magna adoptó un
carácter progresista, aunque con cierta ambigüedad en muchos aspectos, fruto
del carácter consensuado, de modo que en ella pudieran encajar tanto políticas
progresistas como conservadoras. Fue aprobado por amplia mayoría en referéndum
popular. En ella se definía España como un Estado social y democrático bajo el
régimen de monarquía parlamentaria, aconfesional y con una amplia declaración de derechos y
libertades. Este documento estableció las principales directrices de la política
económica y social y permitía el derecho a la autonomía. Fruto de este derecho
sería la construcción del Estado de las Autonomías que culminó en 28 de mayo de
1995 con las primeras elecciones autonómicas en Ceuta y Melilla.
Durante la primera legislatura
de Suárez (la constituyente), el gobierno tuvo que afrontar el inicio de una
crisis internacional a causa de la subida de los precios del petróleo. La
economía española se vio seriamente afectada debido a la incertidumbre política
y la falta de acción contra la crisis. La inflación alcanzó el 20% y el déficit
comercial se duplicó. La solución consistió, en los primeros años, en devaluar
la peseta, favoreciendo la entrada de capital extranjero.
El alto precio del petróleo
provocó una crisis energética que derivó en una crisis industrial que tuvo dos
principales causas: el aumento de los costes y de los precios de venta al
consumidor y el elevado peso de la siderurgia, el sector naval, el de medios de
transporte y el de bienes de consumo, donde la crisis fue mucho mayor. El paro
creció y se situó en el 10% en 1979.
Paralelamente, el gobierno se
vio obligado a pactar con la oposición una postura y unas líneas de actuación
consensuadas para hacer frente a la mala situación económica y garantizar el
consenso constitucional (los conocidos como Pactos de la Moncloa (1977)).
En el ámbito político, el
gobierno se comprometió a regular la vida pública basándose en principios
democráticos. La política económica se centró en reducir la inflación y
repartir equitativamente los costes de la crisis. Se diseñó además una
estrategia para controlar el gasto público, racionalizar el consumo de energía,
se pactó una reforma salarial y los firmantes de los pactos se comprometieron a
cambiar el marco de las relaciones laborales. Asimismo, se procedió a una
reforma tributaria que equiparó a España con los países desarrollados en
materia de distribución de la carga fiscal (con la aprobación del IRPF) y se
acometió una reforma de la Seguridad Social, aumentando las pensiones y el
subsidio por desempleo.
En el ámbito social, el gobierno
tuvo que hacer frente a los actos terroristas tanto de grupos de extrema
derecha como los Guerrilleros de Cristo Rey,
como de extrema izquierda (por ejemplo, el GRAPO y ETA).
Aprobada la Constitución se
disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones, en las que la UCD
volvió a ganar. El nuevo gobierno continuó la actividad reformista en la línea
de los Pactos de la Moncloa con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores
(1980). Sin embargo, no se acometió la reforma de la estructura productiva.
El nuevo ejecutivo se mostró
inestable, los cambios en las carteras ministeriales fueron constantes, y la
situación se agravó más a partir del fracaso en las primeras elecciones
municipales democráticas. La oposición ganaba fuerza y la figura de Suárez cada
vez era más contestaba. Tras superar por los pelos una moción de censura, y
ante el fraccionamiento de la UCD, Suárez optó por dimitir para no obstaculizar
la democratización del Estado.
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