En los años finales del reinado
de Isabel II, España vivía tiempos de crisis en todos los aspectos. Las finanzas estaban mermadas por el fiasco
de los ferrocarriles, la industria textil sufría la Guerra de Secesión en forma
de encarecimiento del algodón, y la sucesión de malas cosechas de trigo había
disparado el precio. Además, el Partido Moderado gobernaba por decreto sin
atender las reclamas de la población.
El resto de partidos veían que
era imposible acceder al poder por medios legales, así que comenzaron a
conspirar contra el gobierno moderado. El primera partido en hacerlo fue el
progresista, dirigido por Prim y más tarde se unió el demócrata, firmando el
Pacto de Ostende (1867). En noviembre del mismo año se unieron también los unionistas.
Entonces, los revolucionarios ya tenían el suficiente poder, tanto militar como
social, para iniciar el alzamiento.
Este se produjo el 19 de
septiembre de 1868 en Cádiz, donde se encontraba la armada bajo del mando del
brigadier Topete. Prim y Serrano, que se encontraban exiliados, viajaron a
Cádiz y rápidamente consiguieron el apoyo de la población gaditana en la lucha
para defender la libertad, el orden y la honradez, bajo el lema “¡Viva España
con honra!”. En los días siguientes Prim fue sublevando otras ciudades del sur
como Málaga, Almería y Cartagena.
En un primer momento, el
gobierno isabelino intentó sofocar la revuelta con las armas y envió al
ejército desde Madrid. Los ejércitos se enfrentaron en el Puente de Alcolea,
cerca de Córdoba, el 28 de septiembre de 1868.
Los revolucionarios vencieron, el gobierno se vio obligado a dimitir y
la reina, que se encontraba en San Sebastián, huyó un día después a Francia,
donde recibió asilo por parte del emperador Napoleón III.
Por otro lado, las fuerzas
populares urbanas también jugaron un papel importante en la revolución. En muchas ciudades se crearon Juntas
revolucionarias, dirigidas por un sector de los progresistas, los demócratas y
los republicanos, que organizaron los levantamientos. Todos las juntas reclamaban consignas
similares: separación de Iglesia y Estado, más libertades, supresión de las
quintas y del impuesto de consumos, soberanía nacional y sufragio universal
para elegir nuevas Cortes constituyentes que proclamaran la república.
Estas propuestas resultaban
demasiado radicales para los unionistas y parte de los progresistas que ya
habían cumplido su objetivo: tumbar la monarquía isabelina. Por eso, cuando
entraron en Madrid propusieron a la Junta local, sin consultarlo con las demás,
formar un gobierno centrista con Serrano como regente y Prim como presidente.
El nuevo ejecutivo disolvió las juntas para calmar la agitación y asegurarse el
poder. Asimismo, aprobaron una serie de decretos con el mismo propósito. Se
celebraron elecciones (las primeras con sufragio universal masculino) y resultó
ganadora la coalición progresistas-unionistas-demócratas.
Las cortes resolvieron elaborar
una Constitución que fue aprobada el 1 de junio de 1869. Esta era la primer
Carta Magna democrática en la historia de España. Establecía una amplia gama de
derechos y libertades (reunión, asociación, enseñanza, acceso al empleo, libertad
de culto aunque el Estado se comprometía a mantener el católico…). La soberanía
era nacional y recaía exclusivamente en las Cortes (Congreso y Senado), que
debían reunirse al mismo tiempo. Los poderes del rey estaban muy limitados y
sólo podía promulgar las leyes. Las provincias americanas (Cuba y Puerto Rico)
gozaban de los mismos derechos que las peninsulares, y en Filipinas regía una
ley especial.
Una vez aprobada la
Constitución, se inició la búsqueda de un monarca que ocupara la vacante en el
trono (que mientras tanto ocupaba el general Serrano como regente). La búsqueda
no fue fácil dado que el resto de países europeos no querían que alguna
potencia adquiriese demasiado poder al ocupar el trono de España. Finalmente,
la responsabilidad recaería en un candidato de consenso, Amadeo de Saboya.
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