El crecimiento
económico por el que habían apostado los tecnócratas como medio para garantizar
la estabilidad social y garantizar la continuidad del régimen, acabó teniendo
los efectos contrarios a los deseados. A medida que la economía crecía
rápidamente, las mentes de los españoles se fueron abriendo y se produjo un
crecimiento de la conflictividad social.
Las protestas laborales se
sucedían cada vez con más frecuencia, no limitándose a los enclaves con la
tradición sindicalista más arraigada (Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya)
sino también a otros con menor tradición como Madrid, Valencia y Sevilla. Se
produjo el nacimiento de un nuevo sindicalismo representado por UGT y CCOO
entre otros.
Las protestas estudiantiles se
recrudecieron, en un claro enfrentamiento contra el régimen, y muchos
movimientos vecinales que reclamaban mejoras de las infraestructuras en barrios
obreros desatendidos por la administración, acababan politizándose y haciendo
reclamaciones democráticas. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica se
produjeron disensiones a raíz del Concilio Vaticano II. También algunos
sectores del ejército se hicieron eco con la creación de la Unión Militar
Democrática.
La incapacidad del franquismo
para adaptarse a la realidad social y para entenderse entre sí propició la
crisis interna del régimen. En junio de 1973, Carrero Blanco fue nombrado
presidente del gobierno, y de él se esperaba que mantuviese la unión entre las
distintas familias del régimen y asegurase la continuidad del régimen. Pero
estas esperanzas de desvanecieron cuando fue asesinado por ETA en diciembre de
ese año, en un atentado perpetrado en Madrid.
A raíz de esto, la fractura
entre inmovilistas y aperturas de agravó. Los sectores más reacios a la
modernización del régimen, que defendían el carácter inalterable y los
principios del 18 de julio afianzaron sus posiciones y formaron el llamado
“búnker”.
En enero de 1874 se formó un nuevo
gobierno presidido por Carlos Arias Navarro que pretendía unir a inmovilistas y
aperturistas. El programa del nuevo ejecutivo quedó resumido en el llamado
“espíritu del 12 de febrero”, y marcaba la apertura hacia una nueva etapa de
mayor pluralismo político. Arias prometió una nueva Ley Municipal que
permitiese la elección de los alcaldes y las diputaciones provinciales, aumentó
el poder y el número de los procuradores en las Cortes, y anunció reformas
sindicales y una nueva ley de asociaciones políticas.
Los sectores ultraderechistas
consideraron que la destrucción del régimen era inminente y forzaron una nueva
dinámica que llevó de nuevo al inmovilismo, por lo que los ministros
aperturistas abandonaron el gobierno, evidenciando la incapacidad del franquismo
de democratizarse desde dentro.
Todo esto coincidió con un
asombroso auge del antifranquismo político. La oposición promovió la creación
de plataformas unitarias para revindicar la democratización del régimen. En
1971, se había creado en Cataluña la Asamblea de Cataluña que agrupaba a la
oposición catalana. En 1974, se constituyó en París bajo iniciativa del PCE la
Junta Democrática de España, que integraba a CCOO, numerosos partidos de
izquierda y personalidades de la derecha democrática. Su programa defendía la
creación de un gobierno provisional que implantase la democracia y aplicase una
amnistía a todos los presos políticas, y devolviera las libertados, políticas,
sindicales y asociativas perdidas. En 1975, se creó a iniciativa del PSOE la
Plataforma de Convergencia Democrática junto con Democracia Cristiana, UGT y
PNV. En 1976, ambas plataformas se unieron en Coordinación Democrática,
popularmente conocida como la “platajunta”.
Asimismo, se recrudeció la
actividad terrorista: ETA incrementó sus atentados y entraron en escena nuevos
grupos ultraizquierdistas como el FRAP y el GRAPO. El franquismo respondió
intensificando la represión y ejecutando en 1974 al anarquista Puig Antich. Al
año siguiente, un decreto-ley significó la implantación del Estado de excepción
permanente y en septiembre se condenó y ejecutó a cinco activistas de ETA y del
FRAP a pesar de las numerosas peticiones de indulto.
Entre 1974 y 1975 la enfermedad
de Franco se agravó. El conflicto del Sáhara supuso otro varapalo para el gobierno.
Este territorio era ambicionado por Marruecos, Argelia y Mauritania, y además
había surgido el Frente Polisario, que reclamaba la independencia. En octubre
de 1975, Marruecos con el apoyo de EEUU inició una ocupación pacífica del
Sáhara que involucró a cientos de miles de civiles. España optó por claudicar y
ceder el Sáhara a Marruecos y Mauritania mediante el Acuerdo de Madrid,
iniciándose un conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos que sigue sin
resolverse en la actualidad.
El día 20 de noviembre de 1975,
Franco falleció a causa de la peritonitis que padecía, dejando tras de sí un
régimen anquilosado y anacrónico, sumido en una profunda crisis. Al contrario
de lo que se propuso, el futuro no había quedado en absoluto “atado y bien
atado”. El rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado como estaba
estipulado, y se inició un proceso de transición política que culminaría con la
promulgación de la Constitución de 1978.
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