sábado, 18 de junio de 2016

PAU - Valencià - 1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l'època

La victòria del bàndol nacional en la Guerra Civil suposà la implantació d’un règim totalitari d’ideologia feixista que va provocar canvis profunds en tots els àmbits de la vida, inclosa la literatura.

El període immediatament posterior a l’acabament de la guerra fou el més dur. Junt amb l’escassetat, la repressió va ser extremadament forta i la por imperava entre la població, motius pels quals quasi no hi ha narrativa durant aquesta època. Aquest gènere, a l’igual que el teatre i a diferència de la poesia, necessita d’editorials i un públic bastant gran per a existir, i ambdós eren impensables en un clima com aquell.

Durant la Guerra Freda, Espanya s’alià amb els EUA contra el comunisme. Aquest pacte suposà una relaxació en la repressió franquista i una obertura al món que activà la economia i influí en la mentalitat dels espanyols.

També en aquest període – 1947 concretament - es van convocar per primera vegada els premis Joanot Martorell, per a fomentar el conreu de narrativa, recuperar i crear públic lector. Tot i això, no fou fins a la dècada del seixanta que el català començà a tornar plenament (abans s’havia intentat mantenir com local i folklòric, sense massa difusió). La publicació de Nosaltres els valencians (1962) suposà el retorn de la cultura valenciana a un primer pla: les editorials tornaren a publicar, es crearen revistes i s’inicià el moviment de la Nova Cançó.

En conclusió, el context sociopolític de la Postguerra condicionà greument la nostra literatura durant els primers anys, però a mesura que la repressió es va relaxar, la literatura valenciana inicià una recuperació progressiva que culminà amb l’arribada de la democràcia.

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viernes, 10 de junio de 2016

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Aspectos políticos y económicos de los gobiernos de Adolfo Suárez

A raíz de las crecientes diferentes en el seno de los poderes franquistas, el rey Juan Carlos, aconsejado por sus colaboradores, forzó la dimisión de Arias Navarro y nombró presidente a Adolfo Suárez, que inmediatamente aprobó una serie de medidas encaminadas a democratizar el sistema. Se las arregló para que estas fuesen aprobadas por las Cortes franquistas, consiguió la libertad sindical y la legalización de los Partidos, con lo cual se convocaron unas primeras elecciones democráticas, que ganó la UCD y su candidato a presidente Adolfo Suárez. A pesar de no tener formalmente carácter constituyente, se evidenció que todos estaban de acuerdo en la necesidad de elaborar una Constitución.

Esta Carta Magna adoptó un carácter progresista, aunque con cierta ambigüedad en muchos aspectos, fruto del carácter consensuado, de modo que en ella pudieran encajar tanto políticas progresistas como conservadoras. Fue aprobado por amplia mayoría en referéndum popular. En ella se definía España como un Estado social y democrático bajo el régimen de monarquía parlamentaria, aconfesional  y con una amplia declaración de derechos y libertades. Este documento estableció las principales directrices de la política económica y social y permitía el derecho a la autonomía. Fruto de este derecho sería la construcción del Estado de las Autonomías que culminó en 28 de mayo de 1995 con las primeras elecciones autonómicas en Ceuta y Melilla.

 Durante la primera legislatura de Suárez (la constituyente), el gobierno tuvo que afrontar el inicio de una crisis internacional a causa de la subida de los precios del petróleo. La economía española se vio seriamente afectada debido a la incertidumbre política y la falta de acción contra la crisis. La inflación alcanzó el 20% y el déficit comercial se duplicó. La solución consistió, en los primeros años, en devaluar la peseta, favoreciendo la entrada de capital extranjero.

El alto precio del petróleo provocó una crisis energética que derivó en una crisis industrial que tuvo dos principales causas: el aumento de los costes y de los precios de venta al consumidor y el elevado peso de la siderurgia, el sector naval, el de medios de transporte y el de bienes de consumo, donde la crisis fue mucho mayor. El paro creció y se situó en el 10% en 1979.

Paralelamente, el gobierno se vio obligado a pactar con la oposición una postura y unas líneas de actuación consensuadas para hacer frente a la mala situación económica y garantizar el consenso constitucional (los conocidos como Pactos de la Moncloa (1977)).

En el ámbito político, el gobierno se comprometió a regular la vida pública basándose en principios democráticos. La política económica se centró en reducir la inflación y repartir equitativamente los costes de la crisis. Se diseñó además una estrategia para controlar el gasto público, racionalizar el consumo de energía, se pactó una reforma salarial y los firmantes de los pactos se comprometieron a cambiar el marco de las relaciones laborales. Asimismo, se procedió a una reforma tributaria que equiparó a España con los países desarrollados en materia de distribución de la carga fiscal (con la aprobación del IRPF) y se acometió una reforma de la Seguridad Social, aumentando las pensiones y el subsidio por desempleo.

En el ámbito social, el gobierno tuvo que hacer frente a los actos terroristas tanto de grupos de extrema derecha como los Guerrilleros de Cristo Rey,  como de extrema izquierda (por ejemplo, el GRAPO y ETA).

Aprobada la Constitución se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones, en las que la UCD volvió a ganar. El nuevo gobierno continuó la actividad reformista en la línea de los Pactos de la Moncloa con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980). Sin embargo, no se acometió la reforma de la estructura productiva.


El nuevo ejecutivo se mostró inestable, los cambios en las carteras ministeriales fueron constantes, y la situación se agravó más a partir del fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas. La oposición ganaba fuerza y la figura de Suárez cada vez era más contestaba. Tras superar por los pelos una moción de censura, y ante el fraccionamiento de la UCD, Suárez optó por dimitir para no obstaculizar la democratización del Estado.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las reformas socialistas de Felipe González y las reformas de los gobiernos de Aznar (1982-2004)

Tras el declive de UCD a causa de las grandes disensiones internas, el presidente Calvo Sotelo procedió a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones que serían ganadas por el socialista Felipe González con mayoría absoluta en 1982. González se presentaba como el motor del cambio que España necesitaba, y se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas.

El programa de reformas del PSOE tenía como prioridades luchar contra la crisis, racionalizar las administraciones y avanzar hacia la consecución del Estado del bienestar. Para revitalizar la economía se tomaron medidas dirigidas a garantizar la estabilidad financiera, reducir la inflación y estimular la inversión privada. Al mismo tiempo se reestructuró la industria adaptando los sectores a las exigencias del mercado internacional y del ingreso en la CEE. Se sanearon las financias y se promovió la tecnología, pero la capacidad industrial se vio reducida y con ella el empleo, lo que provocó conflictos laborales.

Acompañando a las reformas económicas se llevaron a cabo otras de carácter social como la despenalización de ciertos supuestos del aborto y una reforma educativa. Esta se concretó en la Ley de Reforma Universitaria (1983), que reconocía la autonomía de las Universidades, la LODE (1985), por la cual la educación obligatoria y gratuita alcanzaba hasta los 14 años. Con la LOGSE (1990), se extendería hasta los 16. En 1988, las protestas sociales comportaron la universalización de la asistencia sanitaria gratuita, el fortalecimiento de la protección al desempleo y la consolidación del sistema de pensiones mediante el Pacto de Toledo.

En el ámbito territorial se consolidó el Estado de las Autonomías, aunque la distribución de competencias comportó algunas dificultades. La declaración de inconstitucionalidad de la LOAPA, llevó a la elaboración de otra ley con los artículos que seguían siendo legales (La Ley del Proceso Autonómico o LPA).

Puesto que la integración de España en la CEE era una de las prioridades de González, España tuvo que llevar a cabo un arduo proceso de adaptación a la normativa comunitaria. El 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión consensuado por todos los partidos. La incorporación efectiva se llevó a cabo el 1 de enero del año siguiente.

Sin embargo, las situaciones más críticas llegaron de la mano del devastador terrorismo de ETA, que asesinó a  más de cien personas sólo durante la primera legislatura de González. Para abordar este problema, se firmó el Pacto de Ajuria Enea (1988) con la intención de aunar esfuerzos entre todas las fuerzas democráticas contra el terrorismo. En cuanto a los asuntos militares, se acometió una reforma del ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta consistió en reducir la plantilla militar gradualmente y someter al ejército al poder civil.

Pero el desgaste político de González, propiciado por el deterioro de las relaciones con los sindicatos, algunos casos de corrupción, el escándalo de los GAL y la crisis de 1982, propiciaron que las elecciones de 1996 fueran ganadas por el Partido Popular.

El primero de los gobiernos populares fue centrista y se centró en subsanar los problemas económicos, sin cambiar grandes cosas, pues no contaban con la mayoría absoluta. El mayor logro económico fue entrar en el primer grupo de Estados que adoptarían el Euro, pero esto supuso una frenética privatización de empresas para equilibrar el déficit.

En el ámbito del terrorismo, los primeros momentos de entendimiento con el PNV para hacer frente al terrorismo de ETA se truncaron con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que provocó grandes protestas. Los nacionalistas vascos interpretaron que los no nacionalistas iban en su contra, rompieron el pacto de Ajuria Enea y suscribieron el Pacto de Lizarra en 1998, exclusivo de nacionalistas.

En el año 2000 el PP obtuvo la mayoría absoluta y desde entonces actuó sin cortapisas. Se modificó sensiblemente la legislación socialista, elaborando una serie de Leyes:  la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de Universidades, que reducía su autonomía, la LOCE, que reestructuraba las enseñanzas medias y la Ley de Partidos, por la cual se ilegalizaba todo aquél que no condenara el terrorismo. Por otro parte se procedió a suprimir el servicio militar obligatorio.

Además, el PP llevó a cabo el faraónico Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba trasvases entre cuencas e intentó reformar el subsidio por desempleo sin negociar con los sindicatos, pero la aprobación provocó una huelga general así que se acabó retirando. En política exterior, Aznar apoyó la invasión de Irak.


El desgaste sufrido a partir de la funesta gestión del desastre del Prestige, pero sobre todo a causa de los atentados del 11-M tres días antes de las elecciones, propició la llegada de los socialistas del nuevo al poder.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las relaciones internacionales del régimen franquista

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en compensación por el apoyo que le habían bridado en durante la Guerra Civil, España mostró su apoyo a las potencias del Eje, aunque debido a su incapacidad de entrar en guerra, declaró la neutralidad. Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y Ministro de Asunto Exteriores, desempeñó un papel predominante en las relaciones con estas potencias.

Sin embargo, la victoria alemana sobre Francia en 1940 motivó el paso de la neutralidad a la no beligerancia ya que parecía evidente que las potencias del Eje ganarían la guerra. Esto suponía un claro apoyo diplomático y económico. Francia y Alemania sondearon las posibilidades de integración de España en la guerra pero las enormes exigencias de Franco (económicas y territoriales)  hicieron que esto no sucediera. En cambio, sí que se envió material estratégico (wolframio) y aprovisionamientos, además de una unidad de voluntarios (División Azul) que luchó con la URSS y unos 10500 españoles enviados a trabajar a Alemania.

En octubre de 1943 la guerra comenzó a decantarse del lado de los aliados y Gran Bretaña y EEUU presionaron a España para que retirase su apoyo al Eje, a lo que accedió finalmente retornando a la estricta neutralidad.

El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para España una etapa de aislamiento y rechazo internacionales, que se pusieron de manifiesto a lo largo de los años 1945 y 1946, cuando las recién creadas Naciones Unidos condenaron al régimen dictatorial, recomendaron la retirada de embajadores de Madrid y Francia cerró la frontera. Todas estas maniobras fueron presentadas dentro de España como una estrategia para desprestigiar al régimen y forzar una nueva Guerra Civil.

La supervivencia del franquismo, un régimen fascista, tras la Segunda Guerra Mundial tuvo enormes costes económicos y políticos. España quedó aislada del exterior y como consecuencia recibió pocas ayudas en términos comparativos y no pudo beneficiarse del Plan Marshall. Además, fue excluida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949.

Con el inicio de la Guerra Fría la situación internacional cambió radicalmente. Ahora EEUU veía a España como un aliado en la lucha contra el comunismo, por lo que rebajó la presión para democratizar al régimen en vistas  a mejorar las relaciones. En 1947, EEUU se negó a imponer más sanciones y en 1950 se revocó el acuerdo de retirada de embajadores de la ONU.

 Para adaptarse a la nueva situación y favorecer sus relaciones con las potencias occidentales Franco, sabedor de que su pervivencia dependía de alejarse del fascismo, procedió a una remodelación del gobierno alejando a falangistas y dando más peso a católicos no tan comprometidos con las acciones autoritarias como Luís Carrero Blanco, que fue nombrado subsecretario de la presidencia.

El definitivo reconocimiento internacional del régimen llegó con los acuerdos con Estados Unidos y el Vaticano. Por el concordato con la Santa Sede, España se comprometió a reconocer explícitamente la confesionalidad del Estado y dotar de un alto estatus a Iglesia Católica a cambio de que el Vaticano reconociese al régimen. El acuerdo con EEUU abarcaba aspectos de carácter defensivo y económico. Ambos países se comprometían a la ayuda mutua en caso de conflicto, los estadounidense obtenían el derecho a establecer bases militares en España (Rota, Torrejón…), y España recibió material bélico y ayuda económica y bélica, así como para regularizar sus relaciones diplomáticas y comerciales.

En 1962, España solicitó el acceso a la CEE, pero le fue denegado por no ser un Estado democrático. No obstante, en 1972 consiguió un acuerdo preferencial por el que se redujeron notablemente los aranceles.

Además, España también participó en el proceso de descolonización africano. En 1956, Francia pactó el reconocimiento de la independencia de la zona francesa del protectorado franco-español. España se vio obligada a hacer lo propio a pesar de las protestas militares. En 1968, bajo presión de la ONU y los nacionalistas ecuato-guineanos, se vio también obligada a abandonar la Guinea Ecuatorial, y en 1969 se cedió a Marruecos el territorio de Ifni.


Ya hacia el final de la vida de Franco, España tuvo que afrontar el nuevo conflicto del Sáhara Occidental, territorio deseado por Argelia, Marruecos y Mauritania. En octubre de 1975, el rey de Marruecos con el apoyo de los EEUU, que temían una expansión de la Argelia socialista, procedió a la invasión pacífica del Sáhara Occidental (Marcha Verde). Para evitar un nuevo conflicto bélico, España optó por claudicar y ceder el territorio a Marruecos y a Mauritania por medio del Acuerdo de Madrid. Actualmente, la zona sigue en conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos. 

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La crisis y el final de la dictadura franquista

El crecimiento económico por el que habían apostado los tecnócratas como medio para garantizar la estabilidad social y garantizar la continuidad del régimen, acabó teniendo los efectos contrarios a los deseados. A medida que la economía crecía rápidamente, las mentes de los españoles se fueron abriendo y se produjo un crecimiento de la conflictividad social.

Las protestas laborales se sucedían cada vez con más frecuencia, no limitándose a los enclaves con la tradición sindicalista más arraigada (Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya) sino también a otros con menor tradición como Madrid, Valencia y Sevilla. Se produjo el nacimiento de un nuevo sindicalismo representado por UGT y CCOO entre otros.

Las protestas estudiantiles se recrudecieron, en un claro enfrentamiento contra el régimen, y muchos movimientos vecinales que reclamaban mejoras de las infraestructuras en barrios obreros desatendidos por la administración, acababan politizándose y haciendo reclamaciones democráticas. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica se produjeron disensiones a raíz del Concilio Vaticano II. También algunos sectores del ejército se hicieron eco con la creación de la Unión Militar Democrática.

La incapacidad del franquismo para adaptarse a la realidad social y para entenderse entre sí propició la crisis interna del régimen. En junio de 1973, Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno, y de él se esperaba que mantuviese la unión entre las distintas familias del régimen y asegurase la continuidad del régimen. Pero estas esperanzas de desvanecieron cuando fue asesinado por ETA en diciembre de ese año, en un atentado perpetrado en Madrid.

A raíz de esto, la fractura entre inmovilistas y aperturas de agravó. Los sectores más reacios a la modernización del régimen, que defendían el carácter inalterable y los principios del 18 de julio afianzaron sus posiciones y formaron el llamado “búnker”.

 En enero de 1874 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro que pretendía unir a inmovilistas y aperturistas. El programa del nuevo ejecutivo quedó resumido en el llamado “espíritu del 12 de febrero”, y marcaba la apertura hacia una nueva etapa de mayor pluralismo político. Arias prometió una nueva Ley Municipal que permitiese la elección de los alcaldes y las diputaciones provinciales, aumentó el poder y el número de los procuradores en las Cortes, y anunció reformas sindicales y una nueva ley de asociaciones políticas.

Los sectores ultraderechistas consideraron que la destrucción del régimen era inminente y forzaron una nueva dinámica que llevó de nuevo al inmovilismo, por lo que los ministros aperturistas abandonaron el gobierno, evidenciando la incapacidad del franquismo de democratizarse desde dentro.

Todo esto coincidió con un asombroso auge del antifranquismo político. La oposición promovió la creación de plataformas unitarias para revindicar la democratización del régimen. En 1971, se había creado en Cataluña la Asamblea de Cataluña que agrupaba a la oposición catalana. En 1974, se constituyó en París bajo iniciativa del PCE la Junta Democrática de España, que integraba a CCOO, numerosos partidos de izquierda y personalidades de la derecha democrática. Su programa defendía la creación de un gobierno provisional que implantase la democracia y aplicase una amnistía a todos los presos políticas, y devolviera las libertados, políticas, sindicales y asociativas perdidas. En 1975, se creó a iniciativa del PSOE la Plataforma de Convergencia Democrática junto con Democracia Cristiana, UGT y PNV. En 1976, ambas plataformas se unieron en Coordinación Democrática, popularmente conocida como la “platajunta”.

Asimismo, se recrudeció la actividad terrorista: ETA incrementó sus atentados y entraron en escena nuevos grupos ultraizquierdistas como el FRAP y el GRAPO. El franquismo respondió intensificando la represión y ejecutando en 1974 al anarquista Puig Antich. Al año siguiente, un decreto-ley significó la implantación del Estado de excepción permanente y en septiembre se condenó y ejecutó a cinco activistas de ETA y del FRAP a pesar de las numerosas peticiones de indulto.

Entre 1974 y 1975 la enfermedad de Franco se agravó. El conflicto del Sáhara supuso otro varapalo para el gobierno. Este territorio era ambicionado por Marruecos, Argelia y Mauritania, y además había surgido el Frente Polisario, que reclamaba la independencia. En octubre de 1975, Marruecos con el apoyo de EEUU inició una ocupación pacífica del Sáhara que involucró a cientos de miles de civiles. España optó por claudicar y ceder el Sáhara a Marruecos y Mauritania mediante el Acuerdo de Madrid, iniciándose un conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos que sigue sin resolverse en la actualidad.


El día 20 de noviembre de 1975, Franco falleció a causa de la peritonitis que padecía, dejando tras de sí un régimen anquilosado y anacrónico, sumido en una profunda crisis. Al contrario de lo que se propuso, el futuro no había quedado en absoluto “atado y bien atado”. El rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado como estaba estipulado, y se inició un proceso de transición política que culminaría con la promulgación de la Constitución de 1978.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Etapas económicas de España durante el Franquismo

“Pacificada” España el franquismo adoptó una política económica basada en la autarquía a imitación al fascismo italiano. Para ello se fomentó el aislamiento del exterior y la intervención del Estado justificándose con un discurso fascista y patriótico.

En líneas generales, la autarquía se caracterizó por los siguientes aspectos. En primer lugar, se procedió a la reglamentación del comercio exterior: las importaciones y las exportaciones pasaron a estar completamente controladas por el Estado, con la consiguiente reducción de volumen, que quedó reducido a los productos imprescindibles (petróleo, por ejemplo). Se produjo un desabastecimiento de bienes de consumo, materias primas y energía eléctrica, por lo que la producción industria disminuyó.

En segundo lugar, se fomentó la industria de interés estratégico para asegurar la independencia militar y política. Se crearon empresas públicas, se nacionalizaron los sectores considerados indispensables (como la red ferroviaria que pasó a ser propiedad de RENFE), y se promovieron con abundante dinero público las empresas de bienes de equipo, lo que provocó una gran inflación. Si había algún tipo de producción considerada necesaria que el sector privado no podía fabricar por falta de rentabilidad, el Estado creaba una empresa que asumiese la producción. Con el fin de promover esta política se creó el Instituto Nacional de Industria (1941).

En tercer lugar, se reguló la producción agrícola, la comercialización, los precios e incluso el consumo de la mayoría de los productos, pero los bajos precios oficiales provocaron una caída de la producción, y la productividad por hectárea disminuyó notablemente. Como resultado se produjo un desabastecimiento general y la implantación del racionamiento. Los agricultores, antes que vender sus productos a precios ridículos, preferían esconderlos y comerciar con ellos en el mercado negro.

Este sistema tuvo como resultado un estancamiento de la economía y el nivel de vida de los españoles disminuyó considerablemente. La vida se hizo 5 veces más cara y el hambre y la carencia de viviendas dignas se generalizó. En las grandes ciudades proliferó el chabolismo, y el fenómeno de los realquilados, así como el uso de cuevas como viviendas. Enfermedades como la tuberculosis se propagaron de nuevo, la tasa de mortalidad (incluida la infantil) se disparó, el crecimiento vegetativo descendió al 0,9% y la esperanza de vida se situó en 47 años para los hombres y 53 para las mujeres.

En 1957, Franco se vio presionado a cambiar de gobierno, y este, así como los sucesivos, protagonizaron un profundo giro en la economía, abandonando el falangismo e iniciando una etapa protagonizada por los tecnócratas. Se consideró que el crecimiento económico sería la principal garantía de estabilidad social (craso error). El objetivo era racionalizar la gestión ineficiente del Estado sin cuestionar para nada la dictadura.

La primera medida correctora consistió en un Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era poner fin al intervencionismo estatal y suprimir los obstáculos a la liberalización. Para ello se elevaron los tipos de interés, se congelaron los salarios y se procedió a una reforma fiscal, se eliminaron los organismos interventores y la reglamentación de los precios, y se anunció la convertibilidad de la peseta así como su devaluación para facilitar los intercambios. A cambio se concedieron ayudas internacionales.

En la década de 1960 se añadieron una serie de Planes de Desarrollo Económico y Social cuatrienales, supervisados por la comisión encabezada por López Rodó. Se pretendía llevar a cabo una planificación indicativa, programando la actividad del sector público y asesorando al privado.

Esta política, en general, fue un fracaso; en gran medida porque perseguía los intereses inmediatos de unos pocos. No obstante se dotó a España de infraestructuras básicas y materias primas que promoverían un acelerado crecimiento industrial. El éxodo rural comportó una crisis de la agricultura tradicional y se produjo un considerable avance del sector servicios, pues España se convirtió en un destino predilecto para turistas por su exotismo y los bajos precios.


De todos modos, la economía española seguía teniendo grandes limitaciones: el campo quedó abandonado y con él su población, que no podía ser absorbia totalmente por la industria. Además, la dependencia de la tecnología y las inversiones extranjeras, la debilidad del sistema financiero y la falta de habilidad del gobierno comportaron que no se diese la adecuada continuidad al crecimiento. Todas estas deficiencias se pondrían de manifiesto con la crisis económica de 1973.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La represión durante el Franquismo y los aspectos sociales de la dictadura

Tras el alzamiento del 17 de julio en Melilla, la revolución triunfó en algunas zonas del territorio español. Allí donde esto sucedió, se recurrió inmediatamente a la represión contra aquellos que defendían ideas contrarias. En ningún momento se llevó a cabo un mínimo intento de reconciliación con los vencidos, sino que siempre se pretendió someterlos y destruirlos sin ninguna consideración. Tildados de enemigos de España, los republicanos fueron víctimas de detenciones, palizas públicas, fusilamientos, etc.

La victoria de los sublevados no supuso el fin de la represión, ni siquiera una atenuación, sino que esta pasó a estar institucionalizada. La justicia quedó supeditada al gobierno, de modo de que el poder judicial independiente desapareció prácticamente. También se aprobaron una serie de leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), que pretendía depurar a todo aquel que hubiese colaborado con la República, y la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940) que permitía abrir expediente a los acusados de “defender ideas contrarias a la religión, la patria y sus instituciones fundamentales”.

Esta política represora fue ejecutada principalmente por el Ejército en los primeros años de la posguerra. La mayoría de las causas eran juzgadas por tribunales militares en Consejos de Guerra ante los cuales los acusados no tenían posibilidad de defensa. En 1963, esta potestad para juzgar los delitos políticos pasó al recién creado Tribunal de Orden Público (TOP), de carácter civil.

En lo que a cifras se refiere, se calcula que unas 150000 personas fueron ejecutivas por el franquismo por razones políticas, de las cuales 50000 durante la posguerra, y que el número de presos en España hacia 1940 ascendía a 280000, de los cuales 23000 eran mujeres. El elevado número de reclusos comportó la saturación de las cárceles y el establecimiento de campos de concentración para albergar a los condenados. A pesar de esto, la saturación era un hecho y el hacinamiento, junto con las malas condiciones higiénicas y alimentarias dispararon la mortalidad entre los presos. Buena parte fueron enviados a los Batallones de Trabajadores o integrados en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, ambos destinados a la realización de obras públicas y el trabajo en explotaciones mineras o edificios públicos.

También se llevó a cabo una confiscación y expolio del patrimonio de las personas afines a la causa republicana y de las organizaciones vinculadas a ella, así como la expulsión de estas personas de su puesto de trabajo.

En las zonas donde existían sentimientos nacionalistas, se procedió a marginar por ley todo uso de las lenguas vernáculas y se persiguió a todo aquél que defendiese ideas contrarias a la inquebrantable unidad de España.

La represión y la imposición de los valores morales comportaron profundos cambios en la sociedad. Las formas de comportamiento pasaron a basarse en la más estricta moral cristiana: las ceremonias que marcaban la vida tenían carácter religioso, el matrimonio civil y el divorcio fueron prohibidos y se penalizaba el aborto, y se propagó una obsesión enfermiza por vigilar y condenar toda actitud que pudiera derivar en “pecaminosas intenciones”.

Asimismo, se instauró una rígida censura sobre los medios de comunicación, y todas las actividades culturales, sociales y lúdicas para evitar toda exposición de ideales contrarios a los del Movimiento. En la familia se impuso el modelo patriarcal y se consumó el completo sometimiento de la mujer al hombre retornando al Código Civil de 1889 que consagraba la inferioridad jurídica de la mujer, educada para el matrimonio y la familia. La educación se convirtió en un medio de adoctrinamiento, quedando casi totalmente en manos de la Iglesia. Se prohibió la enseñanza mixta y la religión y la Formación del Espíritu Nacional se convirtieron en asignaturas obligatorias.


 En definitiva, el franquismo utilizó todos los medios de los que dispuso, sin escrúpulo alguno, para que la sociedad española, en su totalidad, se transformase en la sociedad que ellos deseaban, sin tolerar ningún pensamiento contrario y retornando a valores morales enormemente atrasados si se comparan con los que comenzaban a extenderse en Europa y Estados Unidos.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Características de la Constitución de 1931 y las 3 principales reformas del bienio de izquierdas (1931-1933)

Tras la proclamación de la República se convocaron elecciones a Cortes constituyentes en junio de 1931, que inmediatamente designaron una comisión encargada de elaborar una nueva Constitución que sería aprobada en diciembre de ese mismo año.

La Constitución de 1931 era muy avanzada para su tiempo. España se definía como una República democrática de trabajadores organizada en régimen de libertad y justicia, y el poder legislativo residía en unas Cortes unicamerales con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como el presidente de la República, cuya finalidad era la representación institucional y la jefatura del Estado. El poder judicial dependía de unos jueces independientes.

La declaración de derechos y libertades era amplia y mostraba preocupación por temas sociales. Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley y en el acceso a la educación y al trabajo, así como la no discriminación por origen, sexo o riqueza. El gobierno podía expropiar bienes de utilidad social y el trabajo quedaba definido como una obligación social. Se establecía el voto desde los 23 años y por primera vez se incluía a las mujeres. El Estado era declaradamente laico, al no declarar ninguna religión como oficial y reconocer el matrimonio civil y el divorcio.

En lo que duró el bienio de izquierdas el gobierno de Manuel Azaña impulsó una serie de reformas que pretendían modernizar y democratizar España, de las cuales destacan tres.

La reforma agraria fue la de mayor envergadura. Sus objetivos eran poner fin al latifundismo (en Andalucía, Castilla y Extremadura la mitad de las tierras pertenecían a unos pocos propietarios) y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Era una reforma esencial dado el gran peso que tenía la agricultura en la economía española (en 1931 la mitad de la población se dedicaba a ella).

Una serie de primeros decretos tuvieron como objetivo proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios: se prohibió rescindir los contratos de arrendamiento, se estableció la jornada laboral de 8 horas y salarios mínimos, y se obligó a los propietarios a poner en cultivo todas las tierras aptas. Sin embargo, la más importante fue la Ley de Reforma Agraria, cuya aplicación correspondía al Instituto de la reforma agraria, y por la cual se podía proceder a la expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes de España, y las tierras mal cultivadas, con arrendamientos sistemáticos o mal regadas podían ser expropiadas sin indemnización.

Los resultados iniciales fueron escasos porque se expropió y se asentó menos debido a la complejidad de la ley, la lentitud y las deficiencias de la burocracia, la falta de presupuesto para hacer frente a las indemnizaciones y la resistencia ejercida por los propietarios. Esto hizo crecer la tensión social, pues los propietarios se aliaron con los enemigos de la República al tiempo que los campesinos se revolucionaban al ver que sus aspiraciones no se cumplían.

La segunda reforma de mayor envergadura fue la religiosa, que perseguía limitar la influencia de la Iglesia y secularizar España. El primer ámbito de actuación fue la Constitución, y más tarde se procedió a secularizar los cementerios y se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La Ley de Congregaciones (1933) limitaba la posesión de bienes a las órdenes y contemplaba la posibilidad de disolución en caso de amenaza para el Estado. En consecuencia, la compañía de los jesuitas fue acusada de depender de un poder extranjero (por su cuarto voto de obediencia al Papa), y se procedió a su disolución y a nacionalizar sus bienes. Buena parte de los sectores católicos la consideraron como una agresión al catolicismo. Las discrepancias se acentuaron a raíz de los movimientos populares anticlericales del 11 y 12 de mayo de 1931. La jerarquía eclesiástica mostró su antagonismo y movilizó a los católicos en contra de la República.

Por último tenemos la reforma del Estado centralista. Esta era una cuestión pendiente en la vida política española, pues las aspiraciones de autonomía de las regiones no castellanas habían ido en aumento desde el desastre del 98.

En Cataluña, el mismo 14 de abril se había proclamada la República Catalana, que iba en contra del pacto de San Sebastián, por lo que se negoció con Cataluña, consiguiendo anular la proclamación a cambio de que se constituyese la Generalitat, que elaboraría un Estatuto de Autonomía (Estatut de Núria). Este fue aprobado en referéndum por los catalanes con un apoyo del 99%, y fue enviado a las Cortes. La Constitución proporcionó un marco legal para el estatuto aunque recortaba algunas competencias. Además, fue aprobado en septiembre de 1932 gracias al empeño del presidente Azaña, porque la derecha y algunos republicanos se opusieron fuertemente. Desde ese momento Cataluña contaba con gobierno y parlamento propios, competencias en economía, sociedad, educación y cultura, y el catalán era declarado lengua cooficial. Las primeras elecciones fueron ganadas por ERC y Francesc Macià fue elegido presidente.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían aprobado en junio de 1931 un proyecto de Estatuto (Estatuto de Estella), cuya aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición de republicanos de izquierdas y socialistas, que lo consideraban en exceso confesional, antidemocrático e inconstitucional. En octubre de 1936, con la guerra iniciada, se aprobó uno fruto del consenso entre nacionalistas, republicanos y socialistas.

Finalmente, en Galicia, debido a la poca conciencia nacionalista, el proyecto de elaboración del Estatuto fue muy lento. En junio de 1936 se sometió uno a plebiscito, pero no pudo ser aprobado por el estallido de la guerra.


A parte de estas reformas, la del ejército, la educativa, la cultural y las reformas laborales vinieron a completar el nuevo marco legal del bienio de izquierdas.