Click aquí para ver el examen sin corregir: http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/162837209/Qu%C3%ADmica.pdf/fbfa088d-3071-401c-a728-596677fa8ac0
OPCIÓN A:
viernes, 17 de junio de 2016
domingo, 12 de junio de 2016
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Tabla-resumen de las Constituciones españolas del siglo XIX
CLICK EN LA IMAGEN PARA HACERLA GRANDE
viernes, 10 de junio de 2016
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Aspectos políticos y económicos de los gobiernos de Adolfo Suárez
A raíz de las
crecientes diferentes en el seno de los poderes franquistas, el rey Juan
Carlos, aconsejado por sus colaboradores, forzó la dimisión de Arias Navarro y
nombró presidente a Adolfo Suárez, que inmediatamente aprobó una serie de
medidas encaminadas a democratizar el sistema. Se las arregló para que estas
fuesen aprobadas por las Cortes franquistas, consiguió la libertad sindical y
la legalización de los Partidos, con lo cual se convocaron unas primeras elecciones
democráticas, que ganó la UCD y su candidato a presidente Adolfo Suárez. A
pesar de no tener formalmente carácter constituyente, se evidenció que todos
estaban de acuerdo en la necesidad de elaborar una Constitución.
Esta Carta Magna adoptó un
carácter progresista, aunque con cierta ambigüedad en muchos aspectos, fruto
del carácter consensuado, de modo que en ella pudieran encajar tanto políticas
progresistas como conservadoras. Fue aprobado por amplia mayoría en referéndum
popular. En ella se definía España como un Estado social y democrático bajo el
régimen de monarquía parlamentaria, aconfesional y con una amplia declaración de derechos y
libertades. Este documento estableció las principales directrices de la política
económica y social y permitía el derecho a la autonomía. Fruto de este derecho
sería la construcción del Estado de las Autonomías que culminó en 28 de mayo de
1995 con las primeras elecciones autonómicas en Ceuta y Melilla.
Durante la primera legislatura
de Suárez (la constituyente), el gobierno tuvo que afrontar el inicio de una
crisis internacional a causa de la subida de los precios del petróleo. La
economía española se vio seriamente afectada debido a la incertidumbre política
y la falta de acción contra la crisis. La inflación alcanzó el 20% y el déficit
comercial se duplicó. La solución consistió, en los primeros años, en devaluar
la peseta, favoreciendo la entrada de capital extranjero.
El alto precio del petróleo
provocó una crisis energética que derivó en una crisis industrial que tuvo dos
principales causas: el aumento de los costes y de los precios de venta al
consumidor y el elevado peso de la siderurgia, el sector naval, el de medios de
transporte y el de bienes de consumo, donde la crisis fue mucho mayor. El paro
creció y se situó en el 10% en 1979.
Paralelamente, el gobierno se
vio obligado a pactar con la oposición una postura y unas líneas de actuación
consensuadas para hacer frente a la mala situación económica y garantizar el
consenso constitucional (los conocidos como Pactos de la Moncloa (1977)).
En el ámbito político, el
gobierno se comprometió a regular la vida pública basándose en principios
democráticos. La política económica se centró en reducir la inflación y
repartir equitativamente los costes de la crisis. Se diseñó además una
estrategia para controlar el gasto público, racionalizar el consumo de energía,
se pactó una reforma salarial y los firmantes de los pactos se comprometieron a
cambiar el marco de las relaciones laborales. Asimismo, se procedió a una
reforma tributaria que equiparó a España con los países desarrollados en
materia de distribución de la carga fiscal (con la aprobación del IRPF) y se
acometió una reforma de la Seguridad Social, aumentando las pensiones y el
subsidio por desempleo.
En el ámbito social, el gobierno
tuvo que hacer frente a los actos terroristas tanto de grupos de extrema
derecha como los Guerrilleros de Cristo Rey,
como de extrema izquierda (por ejemplo, el GRAPO y ETA).
Aprobada la Constitución se
disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones, en las que la UCD
volvió a ganar. El nuevo gobierno continuó la actividad reformista en la línea
de los Pactos de la Moncloa con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores
(1980). Sin embargo, no se acometió la reforma de la estructura productiva.
El nuevo ejecutivo se mostró
inestable, los cambios en las carteras ministeriales fueron constantes, y la
situación se agravó más a partir del fracaso en las primeras elecciones
municipales democráticas. La oposición ganaba fuerza y la figura de Suárez cada
vez era más contestaba. Tras superar por los pelos una moción de censura, y
ante el fraccionamiento de la UCD, Suárez optó por dimitir para no obstaculizar
la democratización del Estado.
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las reformas socialistas de Felipe González y las reformas de los gobiernos de Aznar (1982-2004)
Tras el declive de
UCD a causa de las grandes disensiones internas, el presidente Calvo Sotelo
procedió a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones que serían
ganadas por el socialista Felipe González con mayoría absoluta en 1982.
González se presentaba como el motor del cambio que España necesitaba, y se
mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas.
El programa de reformas del PSOE
tenía como prioridades luchar contra la crisis, racionalizar las
administraciones y avanzar hacia la consecución del Estado del bienestar. Para
revitalizar la economía se tomaron medidas dirigidas a garantizar la
estabilidad financiera, reducir la inflación y estimular la inversión privada.
Al mismo tiempo se reestructuró la industria adaptando los sectores a las
exigencias del mercado internacional y del ingreso en la CEE. Se sanearon las
financias y se promovió la tecnología, pero la capacidad industrial se vio
reducida y con ella el empleo, lo que provocó conflictos laborales.
Acompañando a las reformas
económicas se llevaron a cabo otras de carácter social como la despenalización
de ciertos supuestos del aborto y una reforma educativa. Esta se concretó en la
Ley de Reforma Universitaria (1983), que reconocía la autonomía de las
Universidades, la LODE (1985), por la cual la educación obligatoria y gratuita
alcanzaba hasta los 14 años. Con la LOGSE (1990), se extendería hasta los 16.
En 1988, las protestas sociales comportaron la universalización de la
asistencia sanitaria gratuita, el fortalecimiento de la protección al desempleo
y la consolidación del sistema de pensiones mediante el Pacto de Toledo.
En el ámbito territorial se
consolidó el Estado de las Autonomías, aunque la distribución de competencias
comportó algunas dificultades. La declaración de inconstitucionalidad de la
LOAPA, llevó a la elaboración de otra ley con los artículos que seguían siendo
legales (La Ley del Proceso Autonómico o LPA).
Puesto que la integración de
España en la CEE era una de las prioridades de González, España tuvo que llevar
a cabo un arduo proceso de adaptación a la normativa comunitaria. El 12 de
junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión consensuado por todos los
partidos. La incorporación efectiva se llevó a cabo el 1 de enero del año
siguiente.
Sin embargo, las situaciones más
críticas llegaron de la mano del devastador terrorismo de ETA, que asesinó
a más de cien personas sólo durante la
primera legislatura de González. Para abordar este problema, se firmó el Pacto
de Ajuria Enea (1988) con la intención de aunar esfuerzos entre todas las
fuerzas democráticas contra el terrorismo. En cuanto a los asuntos militares,
se acometió una reforma del ejército para acabar con el peligro del golpismo.
Esta consistió en reducir la plantilla militar gradualmente y someter al
ejército al poder civil.
Pero el desgaste político de
González, propiciado por el deterioro de las relaciones con los sindicatos,
algunos casos de corrupción, el escándalo de los GAL y la crisis de 1982,
propiciaron que las elecciones de 1996 fueran ganadas por el Partido Popular.
El primero de los gobiernos
populares fue centrista y se centró en subsanar los problemas económicos, sin
cambiar grandes cosas, pues no contaban con la mayoría absoluta. El mayor logro
económico fue entrar en el primer grupo de Estados que adoptarían el Euro, pero
esto supuso una frenética privatización de empresas para equilibrar el déficit.
En el ámbito del terrorismo, los
primeros momentos de entendimiento con el PNV para hacer frente al terrorismo
de ETA se truncaron con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que
provocó grandes protestas. Los nacionalistas vascos interpretaron que los no
nacionalistas iban en su contra, rompieron el pacto de Ajuria Enea y
suscribieron el Pacto de Lizarra en 1998, exclusivo de nacionalistas.
En el año 2000 el PP obtuvo la mayoría
absoluta y desde entonces actuó sin cortapisas. Se modificó sensiblemente la
legislación socialista, elaborando una serie de Leyes: la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de
Universidades, que reducía su autonomía, la LOCE, que reestructuraba las enseñanzas
medias y la Ley de Partidos, por la cual se ilegalizaba todo aquél que no
condenara el terrorismo. Por otro parte se procedió a suprimir el servicio
militar obligatorio.
Además, el PP llevó a cabo el
faraónico Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba trasvases entre cuencas e
intentó reformar el subsidio por desempleo sin negociar con los sindicatos,
pero la aprobación provocó una huelga general así que se acabó retirando. En
política exterior, Aznar apoyó la invasión de Irak.
El desgaste sufrido a partir de
la funesta gestión del desastre del Prestige,
pero sobre todo a causa de los atentados del 11-M tres días antes de las
elecciones, propició la llegada de los socialistas del nuevo al poder.
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las relaciones internacionales del régimen franquista
Al inicio de la
Segunda Guerra Mundial, en compensación por el apoyo que le habían bridado en
durante la Guerra Civil, España mostró su apoyo a las potencias del Eje, aunque
debido a su incapacidad de entrar en guerra, declaró la neutralidad. Ramón Serrano
Súñer, cuñado de Franco y Ministro de Asunto Exteriores, desempeñó un papel
predominante en las relaciones con estas potencias.
Sin embargo, la victoria alemana
sobre Francia en 1940 motivó el paso de la neutralidad a la no beligerancia ya
que parecía evidente que las potencias del Eje ganarían la guerra. Esto suponía
un claro apoyo diplomático y económico. Francia y Alemania sondearon las
posibilidades de integración de España en la guerra pero las enormes exigencias
de Franco (económicas y territoriales)
hicieron que esto no sucediera. En cambio, sí que se envió material
estratégico (wolframio) y aprovisionamientos, además de una unidad de
voluntarios (División Azul) que luchó con la URSS y unos 10500 españoles
enviados a trabajar a Alemania.
En octubre de 1943 la guerra
comenzó a decantarse del lado de los aliados y Gran Bretaña y EEUU presionaron
a España para que retirase su apoyo al Eje, a lo que accedió finalmente
retornando a la estricta neutralidad.
El fin de la Segunda Guerra
Mundial supuso para España una etapa de aislamiento y rechazo internacionales,
que se pusieron de manifiesto a lo largo de los años 1945 y 1946, cuando las
recién creadas Naciones Unidos condenaron al régimen dictatorial, recomendaron
la retirada de embajadores de Madrid y Francia cerró la frontera. Todas estas
maniobras fueron presentadas dentro de España como una estrategia para
desprestigiar al régimen y forzar una nueva Guerra Civil.
La supervivencia del franquismo,
un régimen fascista, tras la Segunda Guerra Mundial tuvo enormes costes
económicos y políticos. España quedó aislada del exterior y como consecuencia
recibió pocas ayudas en términos comparativos y no pudo beneficiarse del Plan
Marshall. Además, fue excluida de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, creada en 1949.
Con el inicio de la Guerra Fría
la situación internacional cambió radicalmente. Ahora EEUU veía a España como
un aliado en la lucha contra el comunismo, por lo que rebajó la presión para
democratizar al régimen en vistas a
mejorar las relaciones. En 1947, EEUU se negó a imponer más sanciones y en 1950
se revocó el acuerdo de retirada de embajadores de la ONU.
Para adaptarse a la nueva
situación y favorecer sus relaciones con las potencias occidentales Franco,
sabedor de que su pervivencia dependía de alejarse del fascismo, procedió a una
remodelación del gobierno alejando a falangistas y dando más peso a católicos
no tan comprometidos con las acciones autoritarias como Luís Carrero Blanco,
que fue nombrado subsecretario de la presidencia.
El definitivo reconocimiento
internacional del régimen llegó con los acuerdos con Estados Unidos y el
Vaticano. Por el concordato con la Santa Sede, España se comprometió a
reconocer explícitamente la confesionalidad del Estado y dotar de un alto
estatus a Iglesia Católica a cambio de que el Vaticano reconociese al régimen.
El acuerdo con EEUU abarcaba aspectos de carácter defensivo y económico. Ambos
países se comprometían a la ayuda mutua en caso de conflicto, los
estadounidense obtenían el derecho a establecer bases militares en España
(Rota, Torrejón…), y España recibió material bélico y ayuda económica y bélica,
así como para regularizar sus relaciones diplomáticas y comerciales.
En 1962, España solicitó el
acceso a la CEE, pero le fue denegado por no ser un Estado democrático. No
obstante, en 1972 consiguió un acuerdo preferencial por el que se redujeron
notablemente los aranceles.
Además, España también participó
en el proceso de descolonización africano. En 1956, Francia pactó el
reconocimiento de la independencia de la zona francesa del protectorado
franco-español. España se vio obligada a hacer lo propio a pesar de las
protestas militares. En 1968, bajo presión de la ONU y los nacionalistas
ecuato-guineanos, se vio también obligada a abandonar la Guinea Ecuatorial, y
en 1969 se cedió a Marruecos el territorio de Ifni.
Ya hacia el final de la vida de
Franco, España tuvo que afrontar el nuevo conflicto del Sáhara Occidental,
territorio deseado por Argelia, Marruecos y Mauritania. En octubre de 1975, el
rey de Marruecos con el apoyo de los EEUU, que temían una expansión de la
Argelia socialista, procedió a la invasión pacífica del Sáhara Occidental
(Marcha Verde). Para evitar un nuevo conflicto bélico, España optó por
claudicar y ceder el territorio a Marruecos y a Mauritania por medio del
Acuerdo de Madrid. Actualmente, la zona sigue en conflicto entre el Frente
Polisario y Marruecos.
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La crisis y el final de la dictadura franquista
El crecimiento
económico por el que habían apostado los tecnócratas como medio para garantizar
la estabilidad social y garantizar la continuidad del régimen, acabó teniendo
los efectos contrarios a los deseados. A medida que la economía crecía
rápidamente, las mentes de los españoles se fueron abriendo y se produjo un
crecimiento de la conflictividad social.
Las protestas laborales se
sucedían cada vez con más frecuencia, no limitándose a los enclaves con la
tradición sindicalista más arraigada (Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya)
sino también a otros con menor tradición como Madrid, Valencia y Sevilla. Se
produjo el nacimiento de un nuevo sindicalismo representado por UGT y CCOO
entre otros.
Las protestas estudiantiles se
recrudecieron, en un claro enfrentamiento contra el régimen, y muchos
movimientos vecinales que reclamaban mejoras de las infraestructuras en barrios
obreros desatendidos por la administración, acababan politizándose y haciendo
reclamaciones democráticas. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica se
produjeron disensiones a raíz del Concilio Vaticano II. También algunos
sectores del ejército se hicieron eco con la creación de la Unión Militar
Democrática.
La incapacidad del franquismo
para adaptarse a la realidad social y para entenderse entre sí propició la
crisis interna del régimen. En junio de 1973, Carrero Blanco fue nombrado
presidente del gobierno, y de él se esperaba que mantuviese la unión entre las
distintas familias del régimen y asegurase la continuidad del régimen. Pero
estas esperanzas de desvanecieron cuando fue asesinado por ETA en diciembre de
ese año, en un atentado perpetrado en Madrid.
A raíz de esto, la fractura
entre inmovilistas y aperturas de agravó. Los sectores más reacios a la
modernización del régimen, que defendían el carácter inalterable y los
principios del 18 de julio afianzaron sus posiciones y formaron el llamado
“búnker”.
En enero de 1874 se formó un nuevo
gobierno presidido por Carlos Arias Navarro que pretendía unir a inmovilistas y
aperturistas. El programa del nuevo ejecutivo quedó resumido en el llamado
“espíritu del 12 de febrero”, y marcaba la apertura hacia una nueva etapa de
mayor pluralismo político. Arias prometió una nueva Ley Municipal que
permitiese la elección de los alcaldes y las diputaciones provinciales, aumentó
el poder y el número de los procuradores en las Cortes, y anunció reformas
sindicales y una nueva ley de asociaciones políticas.
Los sectores ultraderechistas
consideraron que la destrucción del régimen era inminente y forzaron una nueva
dinámica que llevó de nuevo al inmovilismo, por lo que los ministros
aperturistas abandonaron el gobierno, evidenciando la incapacidad del franquismo
de democratizarse desde dentro.
Todo esto coincidió con un
asombroso auge del antifranquismo político. La oposición promovió la creación
de plataformas unitarias para revindicar la democratización del régimen. En
1971, se había creado en Cataluña la Asamblea de Cataluña que agrupaba a la
oposición catalana. En 1974, se constituyó en París bajo iniciativa del PCE la
Junta Democrática de España, que integraba a CCOO, numerosos partidos de
izquierda y personalidades de la derecha democrática. Su programa defendía la
creación de un gobierno provisional que implantase la democracia y aplicase una
amnistía a todos los presos políticas, y devolviera las libertados, políticas,
sindicales y asociativas perdidas. En 1975, se creó a iniciativa del PSOE la
Plataforma de Convergencia Democrática junto con Democracia Cristiana, UGT y
PNV. En 1976, ambas plataformas se unieron en Coordinación Democrática,
popularmente conocida como la “platajunta”.
Asimismo, se recrudeció la
actividad terrorista: ETA incrementó sus atentados y entraron en escena nuevos
grupos ultraizquierdistas como el FRAP y el GRAPO. El franquismo respondió
intensificando la represión y ejecutando en 1974 al anarquista Puig Antich. Al
año siguiente, un decreto-ley significó la implantación del Estado de excepción
permanente y en septiembre se condenó y ejecutó a cinco activistas de ETA y del
FRAP a pesar de las numerosas peticiones de indulto.
Entre 1974 y 1975 la enfermedad
de Franco se agravó. El conflicto del Sáhara supuso otro varapalo para el gobierno.
Este territorio era ambicionado por Marruecos, Argelia y Mauritania, y además
había surgido el Frente Polisario, que reclamaba la independencia. En octubre
de 1975, Marruecos con el apoyo de EEUU inició una ocupación pacífica del
Sáhara que involucró a cientos de miles de civiles. España optó por claudicar y
ceder el Sáhara a Marruecos y Mauritania mediante el Acuerdo de Madrid,
iniciándose un conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos que sigue sin
resolverse en la actualidad.
El día 20 de noviembre de 1975,
Franco falleció a causa de la peritonitis que padecía, dejando tras de sí un
régimen anquilosado y anacrónico, sumido en una profunda crisis. Al contrario
de lo que se propuso, el futuro no había quedado en absoluto “atado y bien
atado”. El rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado como estaba
estipulado, y se inició un proceso de transición política que culminaría con la
promulgación de la Constitución de 1978.
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Etapas económicas de España durante el Franquismo
“Pacificada” España el
franquismo adoptó una política económica basada en la autarquía a imitación al
fascismo italiano. Para ello se fomentó el aislamiento del exterior y la intervención
del Estado justificándose con un discurso fascista y patriótico.
En líneas generales, la
autarquía se caracterizó por los siguientes aspectos. En primer lugar, se
procedió a la reglamentación del comercio exterior: las importaciones y las
exportaciones pasaron a estar completamente controladas por el Estado, con la
consiguiente reducción de volumen, que quedó reducido a los productos
imprescindibles (petróleo, por ejemplo). Se produjo un desabastecimiento de
bienes de consumo, materias primas y energía eléctrica, por lo que la
producción industria disminuyó.
En segundo lugar, se fomentó la
industria de interés estratégico para asegurar la independencia militar y
política. Se crearon empresas públicas, se nacionalizaron los sectores
considerados indispensables (como la red ferroviaria que pasó a ser propiedad
de RENFE), y se promovieron con abundante dinero público las empresas de bienes
de equipo, lo que provocó una gran inflación. Si había algún tipo de producción
considerada necesaria que el sector privado no podía fabricar por falta de
rentabilidad, el Estado creaba una empresa que asumiese la producción. Con el
fin de promover esta política se creó el Instituto Nacional de Industria
(1941).
En tercer lugar, se reguló la
producción agrícola, la comercialización, los precios e incluso el consumo de
la mayoría de los productos, pero los bajos precios oficiales provocaron una
caída de la producción, y la productividad por hectárea disminuyó notablemente.
Como resultado se produjo un desabastecimiento general y la implantación del
racionamiento. Los agricultores, antes que vender sus productos a precios
ridículos, preferían esconderlos y comerciar con ellos en el mercado negro.
Este sistema tuvo como resultado
un estancamiento de la economía y el nivel de vida de los españoles disminuyó
considerablemente. La vida se hizo 5 veces más cara y el hambre y la carencia
de viviendas dignas se generalizó. En las grandes ciudades proliferó el
chabolismo, y el fenómeno de los realquilados, así como el uso de cuevas como
viviendas. Enfermedades como la tuberculosis se propagaron de nuevo, la tasa de
mortalidad (incluida la infantil) se disparó, el crecimiento vegetativo
descendió al 0,9% y la esperanza de vida se situó en 47 años para los hombres y
53 para las mujeres.
En 1957, Franco se vio
presionado a cambiar de gobierno, y este, así como los sucesivos,
protagonizaron un profundo giro en la economía, abandonando el falangismo e
iniciando una etapa protagonizada por los tecnócratas. Se consideró que el
crecimiento económico sería la principal garantía de estabilidad social (craso
error). El objetivo era racionalizar la gestión ineficiente del Estado sin
cuestionar para nada la dictadura.
La primera medida correctora
consistió en un Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era poner fin al
intervencionismo estatal y suprimir los obstáculos a la liberalización. Para
ello se elevaron los tipos de interés, se congelaron los salarios y se procedió
a una reforma fiscal, se eliminaron los organismos interventores y la
reglamentación de los precios, y se anunció la convertibilidad de la peseta así
como su devaluación para facilitar los intercambios. A cambio se concedieron
ayudas internacionales.
En la década de 1960 se
añadieron una serie de Planes de Desarrollo Económico y Social cuatrienales,
supervisados por la comisión encabezada por López Rodó. Se pretendía llevar a
cabo una planificación indicativa, programando la actividad del sector público
y asesorando al privado.
Esta política, en general, fue
un fracaso; en gran medida porque perseguía los intereses inmediatos de unos
pocos. No obstante se dotó a España de infraestructuras básicas y materias
primas que promoverían un acelerado crecimiento industrial. El éxodo rural
comportó una crisis de la agricultura tradicional y se produjo un considerable
avance del sector servicios, pues España se convirtió en un destino predilecto
para turistas por su exotismo y los bajos precios.
De todos modos, la economía
española seguía teniendo grandes limitaciones: el campo quedó abandonado y con
él su población, que no podía ser absorbia totalmente por la industria. Además,
la dependencia de la tecnología y las inversiones extranjeras, la debilidad del
sistema financiero y la falta de habilidad del gobierno comportaron que no se
diese la adecuada continuidad al crecimiento. Todas estas deficiencias se
pondrían de manifiesto con la crisis económica de 1973.
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La represión durante el Franquismo y los aspectos sociales de la dictadura
Tras el alzamiento
del 17 de julio en Melilla, la revolución triunfó en algunas zonas del
territorio español. Allí donde esto sucedió, se recurrió inmediatamente a la
represión contra aquellos que defendían ideas contrarias. En ningún momento se llevó
a cabo un mínimo intento de reconciliación con los vencidos, sino que siempre
se pretendió someterlos y destruirlos sin ninguna consideración. Tildados de
enemigos de España, los republicanos fueron víctimas de detenciones, palizas
públicas, fusilamientos, etc.
La victoria de los sublevados no
supuso el fin de la represión, ni siquiera una atenuación, sino que esta pasó a
estar institucionalizada. La justicia quedó supeditada al gobierno, de modo de
que el poder judicial independiente desapareció prácticamente. También se
aprobaron una serie de leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas (1939),
que pretendía depurar a todo aquel que hubiese colaborado con la República, y
la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940) que permitía abrir
expediente a los acusados de “defender ideas contrarias a la religión, la
patria y sus instituciones fundamentales”.
Esta política represora fue
ejecutada principalmente por el Ejército en los primeros años de la posguerra.
La mayoría de las causas eran juzgadas por tribunales militares en Consejos de
Guerra ante los cuales los acusados no tenían posibilidad de defensa. En 1963,
esta potestad para juzgar los delitos políticos pasó al recién creado Tribunal
de Orden Público (TOP), de carácter civil.
En lo que a cifras se refiere,
se calcula que unas 150000 personas fueron ejecutivas por el franquismo por
razones políticas, de las cuales 50000 durante la posguerra, y que el número de
presos en España hacia 1940 ascendía a 280000, de los cuales 23000 eran
mujeres. El elevado número de reclusos comportó la saturación de las cárceles y
el establecimiento de campos de concentración para albergar a los condenados. A
pesar de esto, la saturación era un hecho y el hacinamiento, junto con las
malas condiciones higiénicas y alimentarias dispararon la mortalidad entre los
presos. Buena parte fueron enviados a los Batallones de Trabajadores o
integrados en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, ambos
destinados a la realización de obras públicas y el trabajo en explotaciones
mineras o edificios públicos.
También se llevó a cabo una
confiscación y expolio del patrimonio de las personas afines a la causa
republicana y de las organizaciones vinculadas a ella, así como la expulsión de
estas personas de su puesto de trabajo.
En las zonas donde existían
sentimientos nacionalistas, se procedió a marginar por ley todo uso de las
lenguas vernáculas y se persiguió a todo aquél que defendiese ideas contrarias
a la inquebrantable unidad de España.
La represión y la imposición de
los valores morales comportaron profundos cambios en la sociedad. Las formas de
comportamiento pasaron a basarse en la más estricta moral cristiana: las
ceremonias que marcaban la vida tenían carácter religioso, el matrimonio civil
y el divorcio fueron prohibidos y se penalizaba el aborto, y se propagó una
obsesión enfermiza por vigilar y condenar toda actitud que pudiera derivar en
“pecaminosas intenciones”.
Asimismo, se instauró una rígida
censura sobre los medios de comunicación, y todas las actividades culturales,
sociales y lúdicas para evitar toda exposición de ideales contrarios a los del
Movimiento. En la familia se impuso el modelo patriarcal y se consumó el
completo sometimiento de la mujer al hombre retornando al Código Civil de 1889
que consagraba la inferioridad jurídica de la mujer, educada para el matrimonio
y la familia. La educación se convirtió en un medio de adoctrinamiento,
quedando casi totalmente en manos de la Iglesia. Se prohibió la enseñanza mixta
y la religión y la Formación del Espíritu Nacional se convirtieron en
asignaturas obligatorias.
En definitiva, el franquismo
utilizó todos los medios de los que dispuso, sin escrúpulo alguno, para que la
sociedad española, en su totalidad, se transformase en la sociedad que ellos
deseaban, sin tolerar ningún pensamiento contrario y retornando a valores
morales enormemente atrasados si se comparan con los que comenzaban a
extenderse en Europa y Estados Unidos.
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Características de la Constitución de 1931 y las 3 principales reformas del bienio de izquierdas (1931-1933)
Tras la proclamación de la
República se convocaron elecciones a Cortes constituyentes en junio de 1931,
que inmediatamente designaron una comisión encargada de elaborar una nueva
Constitución que sería aprobada en diciembre de ese mismo año.
La Constitución de 1931 era muy
avanzada para su tiempo. España se definía como una República democrática de
trabajadores organizada en régimen de libertad y justicia, y el poder
legislativo residía en unas Cortes unicamerales con atribuciones muy amplias.
El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y
el jefe de gobierno, así como el presidente de la República, cuya finalidad era
la representación institucional y la jefatura del Estado. El poder judicial
dependía de unos jueces independientes.
La declaración de derechos y
libertades era amplia y mostraba preocupación por temas sociales. Se garantizaba
la igualdad absoluta ante la ley y en el acceso a la educación y al trabajo,
así como la no discriminación por origen, sexo o riqueza. El gobierno podía
expropiar bienes de utilidad social y el trabajo quedaba definido como una
obligación social. Se establecía el voto desde los 23 años y por primera vez se
incluía a las mujeres. El Estado era declaradamente laico, al no declarar
ninguna religión como oficial y reconocer el matrimonio civil y el divorcio.
En lo que duró el bienio de
izquierdas el gobierno de Manuel Azaña impulsó una serie de reformas que
pretendían modernizar y democratizar España, de las cuales destacan tres.
La reforma agraria fue la de
mayor envergadura. Sus objetivos eran poner fin al latifundismo (en Andalucía,
Castilla y Extremadura la mitad de las tierras pertenecían a unos pocos
propietarios) y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Era una
reforma esencial dado el gran peso que tenía la agricultura en la economía
española (en 1931 la mitad de la población se dedicaba a ella).
Una serie de primeros decretos
tuvieron como objetivo proteger a los campesinos sin tierra y a los
arrendatarios: se prohibió rescindir los contratos de arrendamiento, se
estableció la jornada laboral de 8 horas y salarios mínimos, y se obligó a los
propietarios a poner en cultivo todas las tierras aptas. Sin embargo, la más
importante fue la Ley de Reforma Agraria, cuya aplicación correspondía al
Instituto de la reforma agraria, y por la cual se podía proceder a la
expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes de España, y las
tierras mal cultivadas, con arrendamientos sistemáticos o mal regadas podían
ser expropiadas sin indemnización.
Los resultados iniciales fueron
escasos porque se expropió y se asentó menos debido a la complejidad de la ley,
la lentitud y las deficiencias de la burocracia, la falta de presupuesto para
hacer frente a las indemnizaciones y la resistencia ejercida por los
propietarios. Esto hizo crecer la tensión social, pues los propietarios se
aliaron con los enemigos de la República al tiempo que los campesinos se
revolucionaban al ver que sus aspiraciones no se cumplían.
La segunda reforma de mayor
envergadura fue la religiosa, que perseguía limitar la influencia de la Iglesia
y secularizar España. El primer ámbito de actuación fue la Constitución, y más
tarde se procedió a secularizar los cementerios y se prohibió a las órdenes
religiosas dedicarse a la enseñanza. La Ley de Congregaciones (1933) limitaba
la posesión de bienes a las órdenes y contemplaba la posibilidad de disolución
en caso de amenaza para el Estado. En consecuencia, la compañía de los jesuitas
fue acusada de depender de un poder extranjero (por su cuarto voto de
obediencia al Papa), y se procedió a su disolución y a nacionalizar sus bienes.
Buena parte de los sectores católicos la consideraron como una agresión al
catolicismo. Las discrepancias se acentuaron a raíz de los movimientos
populares anticlericales del 11 y 12 de mayo de 1931. La jerarquía eclesiástica
mostró su antagonismo y movilizó a los católicos en contra de la República.
Por último tenemos la reforma
del Estado centralista. Esta era una cuestión pendiente en la vida política
española, pues las aspiraciones de autonomía de las regiones no castellanas
habían ido en aumento desde el desastre del 98.
En Cataluña, el mismo 14 de
abril se había proclamada la República Catalana, que iba en contra del pacto de
San Sebastián, por lo que se negoció con Cataluña, consiguiendo anular la
proclamación a cambio de que se constituyese la Generalitat, que elaboraría un
Estatuto de Autonomía (Estatut de Núria). Este fue aprobado en referéndum por
los catalanes con un apoyo del 99%, y fue enviado a las Cortes. La Constitución
proporcionó un marco legal para el estatuto aunque recortaba algunas
competencias. Además, fue aprobado en septiembre de 1932 gracias al empeño del
presidente Azaña, porque la derecha y algunos republicanos se opusieron
fuertemente. Desde ese momento Cataluña contaba con gobierno y parlamento
propios, competencias en economía, sociedad, educación y cultura, y el catalán
era declarado lengua cooficial. Las primeras elecciones fueron ganadas por ERC
y Francesc Macià fue elegido presidente.
En el País Vasco, el PNV y los
carlistas habían aprobado en junio de 1931 un proyecto de Estatuto (Estatuto de
Estella), cuya aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición de
republicanos de izquierdas y socialistas, que lo consideraban en exceso
confesional, antidemocrático e inconstitucional. En octubre de 1936, con la
guerra iniciada, se aprobó uno fruto del consenso entre nacionalistas,
republicanos y socialistas.
Finalmente, en Galicia, debido a
la poca conciencia nacionalista, el proyecto de elaboración del Estatuto fue
muy lento. En junio de 1936 se sometió uno a plebiscito, pero no pudo ser
aprobado por el estallido de la guerra.
A parte de estas reformas, la
del ejército, la educativa, la cultural y las reformas laborales vinieron a
completar el nuevo marco legal del bienio de izquierdas.
PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La Constitución republicana de 1931 y las consecuencias de la victoria de los conservadores en las elecciones de 1933
Tras la proclamación
de la Segunda República Española el día 14 de abril de 1931, se constituyó un
gobierno provisional en el que participaron los firmantes del Pacto de San
Sebastián, y se inició un período constituyente que culminó con la aprobación
de la Constitución Republicana, en diciembre de 1931, tras seis meses de
elaboración e intensos debates.
La Constitución de 1931 fue sin
duda la más avanzada de su tiempo. Derrochaba democracia y progresismo,
evidentes en el artículo primero, que definía España como “una República de
trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y
Justicia”, y se establecía que el poder
emanaba del pueblo; soberanía nacional en el máximo apogeo conocido hasta el
momento.
Dicha Carta Magna, establecía
que el Estado se configurada de forma integral, pero se permitía la posibilidad
de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones y municipios. El poder legislativo recaía plenamente sobre
unas Cortes unicamerales con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo
residía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de
gobierno, así como el Presidente de la República, cuya finalidad era la
jefatura del Estado y la representación institucional. El poder judicial, se
encomendaba a los jueces que debían ejercer con absoluta independencia.
La declaración de derechos y
libertades era amplísima. La igualdad absoluta ante la ley, en el acceso a la
educación y al trabajo, así como la no discriminación por motivos de origen,
sexo o riqueza quedaban garantizadas. El gobierno tenía la potestad para
expropiar bienes de utilidad social, y el trabajo se definía como obligación
social. Se establecía sufragio universal a partir de los 23 años y por primera
las mujeres podían votar. Además, el estado se manifestaba como claramente
laico, al no declarar ninguna confesión oficial y legalizar el matrimonio civil
y el divorcio.
A pesar de que fue aprobada por una amplia
mayoría (368/464 votos), la Constitución no consiguió el consenso entre todas
las fuerzas políticas y suscitó grandísimas discrepancias entre los sectores de
la izquierda y la derecha, anquilosada por naturaleza, sobre todo en cuanto a
la cuestión religiosa y a la posibilidad de romper la tan defendida “unidad de
España”. Tal fue la división que se produjeron dimisiones en el mismo
ejecutivo, y Manual Azaña se convirtió en nuevo jefe de gobierno, al tiempo que
Alcalá Zamora se convertía en Presidente de la República.
Durante los siguientes dos años
de gobierno de la coalición republicano-socialista (bienio de izquierdas), se
vieron sometidos a un desgaste continuo. En primer lugar, tuvieron que afrontar
la coyuntura económica desfavorable a consecuencia del crack del 29, que
sucedió a los tiempos de bonanza de la dictadura de Primo de Rivera. La
política económica del nuevo gobierno agravó los ya de por sí fastidiosos
problemas internos crónicos de España. El aumento de los salarios hizo
descender los beneficios empresariales, y el descontento y la desconfianza hicieron
derrumbarse a la inversión privada. La política de reducción del gasto público
terminó por hundir aquellos sectores que dependían de la inversión, tanto
pública como privada.
La conflictividad social fue en
constante aumento debido a la lentitud con la que se aplicaron las reformas
demandadas por los trabajadores, que sumidos en el desencanto y arengados por
los sindicatos protagonizaron numerosas huelgas generales, ocupaciones de
tierras e intentos revolucionarios para derribar al orden burgués. Muchas
revueltas, como la de Casas Viejas en Andalucía, terminaron en una dura
represión por parte de la Guardia Civil.
Todos estos hechos fueron
utilizados por la derecha que se estaba organizando para desprestigiar al
gobierno de izquierdas. En el fondo, todo estaba orquestado por las élites
económicas, sociales e ideológicas (Iglesia, ejército, grandes empresarios…)
que veían peligrar sus seculares privilegios. El centro-derecha se reestructuró
en torno al Partido Radical, la CEDA fue ganando adeptos, y Renovación
Española, la Comunión Tradicionalistas, las JONS y la Falange de Miguel Primo
de Rivera contribuyeron a crear un clima de crispación social en el que se
produjo un conato de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo (agosto de
1932).
En medio de este clima, Manuel
Azaña dimitió y Alcalá Zamora disolvió las cortes y convocó elecciones para un
mes más tarde, el 18 de noviembre de 1933. La izquierda se presentó desunida e
importantes masas obreros se abstuvieron a petición de la CNT. La derecha se
presentó, esta vez, unida, por lo que la victoria fue para los partidos de
centro-derecha. El Partido Radical y la CEDA obtuvieron los mejores resultados,
pero el presidente de la República, reacio a las ideas extremistas y antirrepublicanas
de la CEDA, optó por otorgar el gobierno al partido de Lerroux exclusivamente.
Daba comienzo así, el Bienio Negro.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)