PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las reformas socialistas de Felipe González y las reformas de los gobiernos de Aznar (1982-2004)

Tras el declive de UCD a causa de las grandes disensiones internas, el presidente Calvo Sotelo procedió a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones que serían ganadas por el socialista Felipe González con mayoría absoluta en 1982. González se presentaba como el motor del cambio que España necesitaba, y se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas.

El programa de reformas del PSOE tenía como prioridades luchar contra la crisis, racionalizar las administraciones y avanzar hacia la consecución del Estado del bienestar. Para revitalizar la economía se tomaron medidas dirigidas a garantizar la estabilidad financiera, reducir la inflación y estimular la inversión privada. Al mismo tiempo se reestructuró la industria adaptando los sectores a las exigencias del mercado internacional y del ingreso en la CEE. Se sanearon las financias y se promovió la tecnología, pero la capacidad industrial se vio reducida y con ella el empleo, lo que provocó conflictos laborales.

Acompañando a las reformas económicas se llevaron a cabo otras de carácter social como la despenalización de ciertos supuestos del aborto y una reforma educativa. Esta se concretó en la Ley de Reforma Universitaria (1983), que reconocía la autonomía de las Universidades, la LODE (1985), por la cual la educación obligatoria y gratuita alcanzaba hasta los 14 años. Con la LOGSE (1990), se extendería hasta los 16. En 1988, las protestas sociales comportaron la universalización de la asistencia sanitaria gratuita, el fortalecimiento de la protección al desempleo y la consolidación del sistema de pensiones mediante el Pacto de Toledo.

En el ámbito territorial se consolidó el Estado de las Autonomías, aunque la distribución de competencias comportó algunas dificultades. La declaración de inconstitucionalidad de la LOAPA, llevó a la elaboración de otra ley con los artículos que seguían siendo legales (La Ley del Proceso Autonómico o LPA).

Puesto que la integración de España en la CEE era una de las prioridades de González, España tuvo que llevar a cabo un arduo proceso de adaptación a la normativa comunitaria. El 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión consensuado por todos los partidos. La incorporación efectiva se llevó a cabo el 1 de enero del año siguiente.

Sin embargo, las situaciones más críticas llegaron de la mano del devastador terrorismo de ETA, que asesinó a  más de cien personas sólo durante la primera legislatura de González. Para abordar este problema, se firmó el Pacto de Ajuria Enea (1988) con la intención de aunar esfuerzos entre todas las fuerzas democráticas contra el terrorismo. En cuanto a los asuntos militares, se acometió una reforma del ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta consistió en reducir la plantilla militar gradualmente y someter al ejército al poder civil.

Pero el desgaste político de González, propiciado por el deterioro de las relaciones con los sindicatos, algunos casos de corrupción, el escándalo de los GAL y la crisis de 1982, propiciaron que las elecciones de 1996 fueran ganadas por el Partido Popular.

El primero de los gobiernos populares fue centrista y se centró en subsanar los problemas económicos, sin cambiar grandes cosas, pues no contaban con la mayoría absoluta. El mayor logro económico fue entrar en el primer grupo de Estados que adoptarían el Euro, pero esto supuso una frenética privatización de empresas para equilibrar el déficit.

En el ámbito del terrorismo, los primeros momentos de entendimiento con el PNV para hacer frente al terrorismo de ETA se truncaron con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que provocó grandes protestas. Los nacionalistas vascos interpretaron que los no nacionalistas iban en su contra, rompieron el pacto de Ajuria Enea y suscribieron el Pacto de Lizarra en 1998, exclusivo de nacionalistas.

En el año 2000 el PP obtuvo la mayoría absoluta y desde entonces actuó sin cortapisas. Se modificó sensiblemente la legislación socialista, elaborando una serie de Leyes:  la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de Universidades, que reducía su autonomía, la LOCE, que reestructuraba las enseñanzas medias y la Ley de Partidos, por la cual se ilegalizaba todo aquél que no condenara el terrorismo. Por otro parte se procedió a suprimir el servicio militar obligatorio.

Además, el PP llevó a cabo el faraónico Plan Hidrológico Nacional, que contemplaba trasvases entre cuencas e intentó reformar el subsidio por desempleo sin negociar con los sindicatos, pero la aprobación provocó una huelga general así que se acabó retirando. En política exterior, Aznar apoyó la invasión de Irak.

El desgaste sufrido a partir de la funesta gestión del desastre del Prestige, pero sobre todo a causa de los atentados del 11-M tres días antes de las elecciones, propició la llegada de los socialistas del nuevo al poder.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las relaciones internacionales del régimen franquista

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en compensación por el apoyo que le habían bridado en durante la Guerra Civil, España mostró su apoyo a las potencias del Eje, aunque debido a su incapacidad de entrar en guerra, declaró la neutralidad. Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y Ministro de Asunto Exteriores, desempeñó un papel predominante en las relaciones con estas potencias.

Sin embargo, la victoria alemana sobre Francia en 1940 motivó el paso de la neutralidad a la no beligerancia ya que parecía evidente que las potencias del Eje ganarían la guerra. Esto suponía un claro apoyo diplomático y económico. Francia y Alemania sondearon las posibilidades de integración de España en la guerra pero las enormes exigencias de Franco (económicas y territoriales)  hicieron que esto no sucediera. En cambio, sí que se envió material estratégico (wolframio) y aprovisionamientos, además de una unidad de voluntarios (División Azul) que luchó con la URSS y unos 10500 españoles enviados a trabajar a Alemania.

En octubre de 1943 la guerra comenzó a decantarse del lado de los aliados y Gran Bretaña y EEUU presionaron a España para que retirase su apoyo al Eje, a lo que accedió finalmente retornando a la estricta neutralidad.

El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para España una etapa de aislamiento y rechazo internacionales, que se pusieron de manifiesto a lo largo de los años 1945 y 1946, cuando las recién creadas Naciones Unidos condenaron al régimen dictatorial, recomendaron la retirada de embajadores de Madrid y Francia cerró la frontera. Todas estas maniobras fueron presentadas dentro de España como una estrategia para desprestigiar al régimen y forzar una nueva Guerra Civil.

La supervivencia del franquismo, un régimen fascista, tras la Segunda Guerra Mundial tuvo enormes costes económicos y políticos. España quedó aislada del exterior y como consecuencia recibió pocas ayudas en términos comparativos y no pudo beneficiarse del Plan Marshall. Además, fue excluida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949.

Con el inicio de la Guerra Fría la situación internacional cambió radicalmente. Ahora EEUU veía a España como un aliado en la lucha contra el comunismo, por lo que rebajó la presión para democratizar al régimen en vistas  a mejorar las relaciones. En 1947, EEUU se negó a imponer más sanciones y en 1950 se revocó el acuerdo de retirada de embajadores de la ONU.

 Para adaptarse a la nueva situación y favorecer sus relaciones con las potencias occidentales Franco, sabedor de que su pervivencia dependía de alejarse del fascismo, procedió a una remodelación del gobierno alejando a falangistas y dando más peso a católicos no tan comprometidos con las acciones autoritarias como Luís Carrero Blanco, que fue nombrado subsecretario de la presidencia.

El definitivo reconocimiento internacional del régimen llegó con los acuerdos con Estados Unidos y el Vaticano. Por el concordato con la Santa Sede, España se comprometió a reconocer explícitamente la confesionalidad del Estado y dotar de un alto estatus a Iglesia Católica a cambio de que el Vaticano reconociese al régimen. El acuerdo con EEUU abarcaba aspectos de carácter defensivo y económico. Ambos países se comprometían a la ayuda mutua en caso de conflicto, los estadounidense obtenían el derecho a establecer bases militares en España (Rota, Torrejón…), y España recibió material bélico y ayuda económica y bélica, así como para regularizar sus relaciones diplomáticas y comerciales.

En 1962, España solicitó el acceso a la CEE, pero le fue denegado por no ser un Estado democrático. No obstante, en 1972 consiguió un acuerdo preferencial por el que se redujeron notablemente los aranceles.

Además, España también participó en el proceso de descolonización africano. En 1956, Francia pactó el reconocimiento de la independencia de la zona francesa del protectorado franco-español. España se vio obligada a hacer lo propio a pesar de las protestas militares. En 1968, bajo presión de la ONU y los nacionalistas ecuato-guineanos, se vio también obligada a abandonar la Guinea Ecuatorial, y en 1969 se cedió a Marruecos el territorio de Ifni.

Ya hacia el final de la vida de Franco, España tuvo que afrontar el nuevo conflicto del Sáhara Occidental, territorio deseado por Argelia, Marruecos y Mauritania. En octubre de 1975, el rey de Marruecos con el apoyo de los EEUU, que temían una expansión de la Argelia socialista, procedió a la invasión pacífica del Sáhara Occidental (Marcha Verde). Para evitar un nuevo conflicto bélico, España optó por claudicar y ceder el territorio a Marruecos y a Mauritania por medio del Acuerdo de Madrid. Actualmente, la zona sigue en conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos. 

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La crisis y el final de la dictadura franquista

El crecimiento económico por el que habían apostado los tecnócratas como medio para garantizar la estabilidad social y garantizar la continuidad del régimen, acabó teniendo los efectos contrarios a los deseados. A medida que la economía crecía rápidamente, las mentes de los españoles se fueron abriendo y se produjo un crecimiento de la conflictividad social.

Las protestas laborales se sucedían cada vez con más frecuencia, no limitándose a los enclaves con la tradición sindicalista más arraigada (Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya) sino también a otros con menor tradición como Madrid, Valencia y Sevilla. Se produjo el nacimiento de un nuevo sindicalismo representado por UGT y CCOO entre otros.

Las protestas estudiantiles se recrudecieron, en un claro enfrentamiento contra el régimen, y muchos movimientos vecinales que reclamaban mejoras de las infraestructuras en barrios obreros desatendidos por la administración, acababan politizándose y haciendo reclamaciones democráticas. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica se produjeron disensiones a raíz del Concilio Vaticano II. También algunos sectores del ejército se hicieron eco con la creación de la Unión Militar Democrática.

La incapacidad del franquismo para adaptarse a la realidad social y para entenderse entre sí propició la crisis interna del régimen. En junio de 1973, Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno, y de él se esperaba que mantuviese la unión entre las distintas familias del régimen y asegurase la continuidad del régimen. Pero estas esperanzas de desvanecieron cuando fue asesinado por ETA en diciembre de ese año, en un atentado perpetrado en Madrid.

A raíz de esto, la fractura entre inmovilistas y aperturas de agravó. Los sectores más reacios a la modernización del régimen, que defendían el carácter inalterable y los principios del 18 de julio afianzaron sus posiciones y formaron el llamado “búnker”.

 En enero de 1874 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro que pretendía unir a inmovilistas y aperturistas. El programa del nuevo ejecutivo quedó resumido en el llamado “espíritu del 12 de febrero”, y marcaba la apertura hacia una nueva etapa de mayor pluralismo político. Arias prometió una nueva Ley Municipal que permitiese la elección de los alcaldes y las diputaciones provinciales, aumentó el poder y el número de los procuradores en las Cortes, y anunció reformas sindicales y una nueva ley de asociaciones políticas.

Los sectores ultraderechistas consideraron que la destrucción del régimen era inminente y forzaron una nueva dinámica que llevó de nuevo al inmovilismo, por lo que los ministros aperturistas abandonaron el gobierno, evidenciando la incapacidad del franquismo de democratizarse desde dentro.

Todo esto coincidió con un asombroso auge del antifranquismo político. La oposición promovió la creación de plataformas unitarias para revindicar la democratización del régimen. En 1971, se había creado en Cataluña la Asamblea de Cataluña que agrupaba a la oposición catalana. En 1974, se constituyó en París bajo iniciativa del PCE la Junta Democrática de España, que integraba a CCOO, numerosos partidos de izquierda y personalidades de la derecha democrática. Su programa defendía la creación de un gobierno provisional que implantase la democracia y aplicase una amnistía a todos los presos políticas, y devolviera las libertados, políticas, sindicales y asociativas perdidas. En 1975, se creó a iniciativa del PSOE la Plataforma de Convergencia Democrática junto con Democracia Cristiana, UGT y PNV. En 1976, ambas plataformas se unieron en Coordinación Democrática, popularmente conocida como la “platajunta”.

Asimismo, se recrudeció la actividad terrorista: ETA incrementó sus atentados y entraron en escena nuevos grupos ultraizquierdistas como el FRAP y el GRAPO. El franquismo respondió intensificando la represión y ejecutando en 1974 al anarquista Puig Antich. Al año siguiente, un decreto-ley significó la implantación del Estado de excepción permanente y en septiembre se condenó y ejecutó a cinco activistas de ETA y del FRAP a pesar de las numerosas peticiones de indulto.

Entre 1974 y 1975 la enfermedad de Franco se agravó. El conflicto del Sáhara supuso otro varapalo para el gobierno. Este territorio era ambicionado por Marruecos, Argelia y Mauritania, y además había surgido el Frente Polisario, que reclamaba la independencia. En octubre de 1975, Marruecos con el apoyo de EEUU inició una ocupación pacífica del Sáhara que involucró a cientos de miles de civiles. España optó por claudicar y ceder el Sáhara a Marruecos y Mauritania mediante el Acuerdo de Madrid, iniciándose un conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos que sigue sin resolverse en la actualidad.

El día 20 de noviembre de 1975, Franco falleció a causa de la peritonitis que padecía, dejando tras de sí un régimen anquilosado y anacrónico, sumido en una profunda crisis. Al contrario de lo que se propuso, el futuro no había quedado en absoluto “atado y bien atado”. El rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado como estaba estipulado, y se inició un proceso de transición política que culminaría con la promulgación de la Constitución de 1978.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Etapas económicas de España durante el Franquismo

“Pacificada” España el franquismo adoptó una política económica basada en la autarquía a imitación al fascismo italiano. Para ello se fomentó el aislamiento del exterior y la intervención del Estado justificándose con un discurso fascista y patriótico.

En líneas generales, la autarquía se caracterizó por los siguientes aspectos. En primer lugar, se procedió a la reglamentación del comercio exterior: las importaciones y las exportaciones pasaron a estar completamente controladas por el Estado, con la consiguiente reducción de volumen, que quedó reducido a los productos imprescindibles (petróleo, por ejemplo). Se produjo un desabastecimiento de bienes de consumo, materias primas y energía eléctrica, por lo que la producción industria disminuyó.

En segundo lugar, se fomentó la industria de interés estratégico para asegurar la independencia militar y política. Se crearon empresas públicas, se nacionalizaron los sectores considerados indispensables (como la red ferroviaria que pasó a ser propiedad de RENFE), y se promovieron con abundante dinero público las empresas de bienes de equipo, lo que provocó una gran inflación. Si había algún tipo de producción considerada necesaria que el sector privado no podía fabricar por falta de rentabilidad, el Estado creaba una empresa que asumiese la producción. Con el fin de promover esta política se creó el Instituto Nacional de Industria (1941).

En tercer lugar, se reguló la producción agrícola, la comercialización, los precios e incluso el consumo de la mayoría de los productos, pero los bajos precios oficiales provocaron una caída de la producción, y la productividad por hectárea disminuyó notablemente. Como resultado se produjo un desabastecimiento general y la implantación del racionamiento. Los agricultores, antes que vender sus productos a precios ridículos, preferían esconderlos y comerciar con ellos en el mercado negro.

Este sistema tuvo como resultado un estancamiento de la economía y el nivel de vida de los españoles disminuyó considerablemente. La vida se hizo 5 veces más cara y el hambre y la carencia de viviendas dignas se generalizó. En las grandes ciudades proliferó el chabolismo, y el fenómeno de los realquilados, así como el uso de cuevas como viviendas. Enfermedades como la tuberculosis se propagaron de nuevo, la tasa de mortalidad (incluida la infantil) se disparó, el crecimiento vegetativo descendió al 0,9% y la esperanza de vida se situó en 47 años para los hombres y 53 para las mujeres.

En 1957, Franco se vio presionado a cambiar de gobierno, y este, así como los sucesivos, protagonizaron un profundo giro en la economía, abandonando el falangismo e iniciando una etapa protagonizada por los tecnócratas. Se consideró que el crecimiento económico sería la principal garantía de estabilidad social (craso error). El objetivo era racionalizar la gestión ineficiente del Estado sin cuestionar para nada la dictadura.

La primera medida correctora consistió en un Plan de Estabilización (1959), cuyo objetivo era poner fin al intervencionismo estatal y suprimir los obstáculos a la liberalización. Para ello se elevaron los tipos de interés, se congelaron los salarios y se procedió a una reforma fiscal, se eliminaron los organismos interventores y la reglamentación de los precios, y se anunció la convertibilidad de la peseta así como su devaluación para facilitar los intercambios. A cambio se concedieron ayudas internacionales.

En la década de 1960 se añadieron una serie de Planes de Desarrollo Económico y Social cuatrienales, supervisados por la comisión encabezada por López Rodó. Se pretendía llevar a cabo una planificación indicativa, programando la actividad del sector público y asesorando al privado.

Esta política, en general, fue un fracaso; en gran medida porque perseguía los intereses inmediatos de unos pocos. No obstante se dotó a España de infraestructuras básicas y materias primas que promoverían un acelerado crecimiento industrial. El éxodo rural comportó una crisis de la agricultura tradicional y se produjo un considerable avance del sector servicios, pues España se convirtió en un destino predilecto para turistas por su exotismo y los bajos precios.

De todos modos, la economía española seguía teniendo grandes limitaciones: el campo quedó abandonado y con él su población, que no podía ser absorbia totalmente por la industria. Además, la dependencia de la tecnología y las inversiones extranjeras, la debilidad del sistema financiero y la falta de habilidad del gobierno comportaron que no se diese la adecuada continuidad al crecimiento. Todas estas deficiencias se pondrían de manifiesto con la crisis económica de 1973.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La represión durante el Franquismo y los aspectos sociales de la dictadura

Tras el alzamiento del 17 de julio en Melilla, la revolución triunfó en algunas zonas del territorio español. Allí donde esto sucedió, se recurrió inmediatamente a la represión contra aquellos que defendían ideas contrarias. En ningún momento se llevó a cabo un mínimo intento de reconciliación con los vencidos, sino que siempre se pretendió someterlos y destruirlos sin ninguna consideración. Tildados de enemigos de España, los republicanos fueron víctimas de detenciones, palizas públicas, fusilamientos, etc.

La victoria de los sublevados no supuso el fin de la represión, ni siquiera una atenuación, sino que esta pasó a estar institucionalizada. La justicia quedó supeditada al gobierno, de modo de que el poder judicial independiente desapareció prácticamente. También se aprobaron una serie de leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), que pretendía depurar a todo aquel que hubiese colaborado con la República, y la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940) que permitía abrir expediente a los acusados de “defender ideas contrarias a la religión, la patria y sus instituciones fundamentales”.

Esta política represora fue ejecutada principalmente por el Ejército en los primeros años de la posguerra. La mayoría de las causas eran juzgadas por tribunales militares en Consejos de Guerra ante los cuales los acusados no tenían posibilidad de defensa. En 1963, esta potestad para juzgar los delitos políticos pasó al recién creado Tribunal de Orden Público (TOP), de carácter civil.

En lo que a cifras se refiere, se calcula que unas 150000 personas fueron ejecutivas por el franquismo por razones políticas, de las cuales 50000 durante la posguerra, y que el número de presos en España hacia 1940 ascendía a 280000, de los cuales 23000 eran mujeres. El elevado número de reclusos comportó la saturación de las cárceles y el establecimiento de campos de concentración para albergar a los condenados. A pesar de esto, la saturación era un hecho y el hacinamiento, junto con las malas condiciones higiénicas y alimentarias dispararon la mortalidad entre los presos. Buena parte fueron enviados a los Batallones de Trabajadores o integrados en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, ambos destinados a la realización de obras públicas y el trabajo en explotaciones mineras o edificios públicos.

También se llevó a cabo una confiscación y expolio del patrimonio de las personas afines a la causa republicana y de las organizaciones vinculadas a ella, así como la expulsión de estas personas de su puesto de trabajo.

En las zonas donde existían sentimientos nacionalistas, se procedió a marginar por ley todo uso de las lenguas vernáculas y se persiguió a todo aquél que defendiese ideas contrarias a la inquebrantable unidad de España.

La represión y la imposición de los valores morales comportaron profundos cambios en la sociedad. Las formas de comportamiento pasaron a basarse en la más estricta moral cristiana: las ceremonias que marcaban la vida tenían carácter religioso, el matrimonio civil y el divorcio fueron prohibidos y se penalizaba el aborto, y se propagó una obsesión enfermiza por vigilar y condenar toda actitud que pudiera derivar en “pecaminosas intenciones”.

Asimismo, se instauró una rígida censura sobre los medios de comunicación, y todas las actividades culturales, sociales y lúdicas para evitar toda exposición de ideales contrarios a los del Movimiento. En la familia se impuso el modelo patriarcal y se consumó el completo sometimiento de la mujer al hombre retornando al Código Civil de 1889 que consagraba la inferioridad jurídica de la mujer, educada para el matrimonio y la familia. La educación se convirtió en un medio de adoctrinamiento, quedando casi totalmente en manos de la Iglesia. Se prohibió la enseñanza mixta y la religión y la Formación del Espíritu Nacional se convirtieron en asignaturas obligatorias.

 En definitiva, el franquismo utilizó todos los medios de los que dispuso, sin escrúpulo alguno, para que la sociedad española, en su totalidad, se transformase en la sociedad que ellos deseaban, sin tolerar ningún pensamiento contrario y retornando a valores morales enormemente atrasados si se comparan con los que comenzaban a extenderse en Europa y Estados Unidos.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Características de la Constitución de 1931 y las 3 principales reformas del bienio de izquierdas (1931-1933)

Tras la proclamación de la República se convocaron elecciones a Cortes constituyentes en junio de 1931, que inmediatamente designaron una comisión encargada de elaborar una nueva Constitución que sería aprobada en diciembre de ese mismo año.

La Constitución de 1931 era muy avanzada para su tiempo. España se definía como una República democrática de trabajadores organizada en régimen de libertad y justicia, y el poder legislativo residía en unas Cortes unicamerales con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como el presidente de la República, cuya finalidad era la representación institucional y la jefatura del Estado. El poder judicial dependía de unos jueces independientes.

La declaración de derechos y libertades era amplia y mostraba preocupación por temas sociales. Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley y en el acceso a la educación y al trabajo, así como la no discriminación por origen, sexo o riqueza. El gobierno podía expropiar bienes de utilidad social y el trabajo quedaba definido como una obligación social. Se establecía el voto desde los 23 años y por primera vez se incluía a las mujeres. El Estado era declaradamente laico, al no declarar ninguna religión como oficial y reconocer el matrimonio civil y el divorcio.

En lo que duró el bienio de izquierdas el gobierno de Manuel Azaña impulsó una serie de reformas que pretendían modernizar y democratizar España, de las cuales destacan tres.

La reforma agraria fue la de mayor envergadura. Sus objetivos eran poner fin al latifundismo (en Andalucía, Castilla y Extremadura la mitad de las tierras pertenecían a unos pocos propietarios) y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Era una reforma esencial dado el gran peso que tenía la agricultura en la economía española (en 1931 la mitad de la población se dedicaba a ella).

Una serie de primeros decretos tuvieron como objetivo proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios: se prohibió rescindir los contratos de arrendamiento, se estableció la jornada laboral de 8 horas y salarios mínimos, y se obligó a los propietarios a poner en cultivo todas las tierras aptas. Sin embargo, la más importante fue la Ley de Reforma Agraria, cuya aplicación correspondía al Instituto de la reforma agraria, y por la cual se podía proceder a la expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes de España, y las tierras mal cultivadas, con arrendamientos sistemáticos o mal regadas podían ser expropiadas sin indemnización.

Los resultados iniciales fueron escasos porque se expropió y se asentó menos debido a la complejidad de la ley, la lentitud y las deficiencias de la burocracia, la falta de presupuesto para hacer frente a las indemnizaciones y la resistencia ejercida por los propietarios. Esto hizo crecer la tensión social, pues los propietarios se aliaron con los enemigos de la República al tiempo que los campesinos se revolucionaban al ver que sus aspiraciones no se cumplían.

La segunda reforma de mayor envergadura fue la religiosa, que perseguía limitar la influencia de la Iglesia y secularizar España. El primer ámbito de actuación fue la Constitución, y más tarde se procedió a secularizar los cementerios y se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La Ley de Congregaciones (1933) limitaba la posesión de bienes a las órdenes y contemplaba la posibilidad de disolución en caso de amenaza para el Estado. En consecuencia, la compañía de los jesuitas fue acusada de depender de un poder extranjero (por su cuarto voto de obediencia al Papa), y se procedió a su disolución y a nacionalizar sus bienes. Buena parte de los sectores católicos la consideraron como una agresión al catolicismo. Las discrepancias se acentuaron a raíz de los movimientos populares anticlericales del 11 y 12 de mayo de 1931. La jerarquía eclesiástica mostró su antagonismo y movilizó a los católicos en contra de la República.

Por último tenemos la reforma del Estado centralista. Esta era una cuestión pendiente en la vida política española, pues las aspiraciones de autonomía de las regiones no castellanas habían ido en aumento desde el desastre del 98.

En Cataluña, el mismo 14 de abril se había proclamada la República Catalana, que iba en contra del pacto de San Sebastián, por lo que se negoció con Cataluña, consiguiendo anular la proclamación a cambio de que se constituyese la Generalitat, que elaboraría un Estatuto de Autonomía (Estatut de Núria). Este fue aprobado en referéndum por los catalanes con un apoyo del 99%, y fue enviado a las Cortes. La Constitución proporcionó un marco legal para el estatuto aunque recortaba algunas competencias. Además, fue aprobado en septiembre de 1932 gracias al empeño del presidente Azaña, porque la derecha y algunos republicanos se opusieron fuertemente. Desde ese momento Cataluña contaba con gobierno y parlamento propios, competencias en economía, sociedad, educación y cultura, y el catalán era declarado lengua cooficial. Las primeras elecciones fueron ganadas por ERC y Francesc Macià fue elegido presidente.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían aprobado en junio de 1931 un proyecto de Estatuto (Estatuto de Estella), cuya aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición de republicanos de izquierdas y socialistas, que lo consideraban en exceso confesional, antidemocrático e inconstitucional. En octubre de 1936, con la guerra iniciada, se aprobó uno fruto del consenso entre nacionalistas, republicanos y socialistas.

Finalmente, en Galicia, debido a la poca conciencia nacionalista, el proyecto de elaboración del Estatuto fue muy lento. En junio de 1936 se sometió uno a plebiscito, pero no pudo ser aprobado por el estallido de la guerra.

A parte de estas reformas, la del ejército, la educativa, la cultural y las reformas laborales vinieron a completar el nuevo marco legal del bienio de izquierdas.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La Constitución republicana de 1931 y las consecuencias de la victoria de los conservadores en las elecciones de 1933

Tras la proclamación de la Segunda República Española el día 14 de abril de 1931, se constituyó un gobierno provisional en el que participaron los firmantes del Pacto de San Sebastián, y se inició un período constituyente que culminó con la aprobación de la Constitución Republicana, en diciembre de 1931, tras seis meses de elaboración e intensos debates.

La Constitución de 1931 fue sin duda la más avanzada de su tiempo. Derrochaba democracia y progresismo, evidentes en el artículo primero, que definía España como “una República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia”,  y se establecía que el poder emanaba del pueblo; soberanía nacional en el máximo apogeo conocido hasta el momento.

Dicha Carta Magna, establecía que el Estado se configurada de forma integral, pero se permitía la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones y municipios.  El poder legislativo recaía plenamente sobre unas Cortes unicamerales con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo residía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como el Presidente de la República, cuya finalidad era la jefatura del Estado y la representación institucional. El poder judicial, se encomendaba a los jueces que debían ejercer con absoluta independencia.

La declaración de derechos y libertades era amplísima. La igualdad absoluta ante la ley, en el acceso a la educación y al trabajo, así como la no discriminación por motivos de origen, sexo o riqueza quedaban garantizadas. El gobierno tenía la potestad para expropiar bienes de utilidad social, y el trabajo se definía como obligación social. Se establecía sufragio universal a partir de los 23 años y por primera las mujeres podían votar. Además, el estado se manifestaba como claramente laico, al no declarar ninguna confesión oficial y legalizar el matrimonio civil y el divorcio.

A pesar de que fue aprobada por una amplia mayoría (368/464 votos), la Constitución no consiguió el consenso entre todas las fuerzas políticas y suscitó grandísimas discrepancias entre los sectores de la izquierda y la derecha, anquilosada por naturaleza, sobre todo en cuanto a la cuestión religiosa y a la posibilidad de romper la tan defendida “unidad de España”. Tal fue la división que se produjeron dimisiones en el mismo ejecutivo, y Manual Azaña se convirtió en nuevo jefe de gobierno, al tiempo que Alcalá Zamora se convertía en Presidente de la República.

Durante los siguientes dos años de gobierno de la coalición republicano-socialista (bienio de izquierdas), se vieron sometidos a un desgaste continuo. En primer lugar, tuvieron que afrontar la coyuntura económica desfavorable a consecuencia del crack del 29, que sucedió a los tiempos de bonanza de la dictadura de Primo de Rivera. La política económica del nuevo gobierno agravó los ya de por sí fastidiosos problemas internos crónicos de España. El aumento de los salarios hizo descender los beneficios empresariales, y el descontento y la desconfianza hicieron derrumbarse a la inversión privada. La política de reducción del gasto público terminó por hundir aquellos sectores que dependían de la inversión, tanto pública como privada.

La conflictividad social fue en constante aumento debido a la lentitud con la que se aplicaron las reformas demandadas por los trabajadores, que sumidos en el desencanto y arengados por los sindicatos protagonizaron numerosas huelgas generales, ocupaciones de tierras e intentos revolucionarios para derribar al orden burgués. Muchas revueltas, como la de Casas Viejas en Andalucía, terminaron en una dura represión por parte de la Guardia Civil.

Todos estos hechos fueron utilizados por la derecha que se estaba organizando para desprestigiar al gobierno de izquierdas. En el fondo, todo estaba orquestado por las élites económicas, sociales e ideológicas (Iglesia, ejército, grandes empresarios…) que veían peligrar sus seculares privilegios. El centro-derecha se reestructuró en torno al Partido Radical, la CEDA fue ganando adeptos, y Renovación Española, la Comunión Tradicionalistas, las JONS y la Falange de Miguel Primo de Rivera contribuyeron a crear un clima de crispación social en el que se produjo un conato de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo (agosto de 1932).

En medio de este clima, Manuel Azaña dimitió y Alcalá Zamora disolvió las cortes y convocó elecciones para un mes más tarde, el 18 de noviembre de 1933. La izquierda se presentó desunida e importantes masas obreros se abstuvieron a petición de la CNT. La derecha se presentó, esta vez, unida, por lo que la victoria fue para los partidos de centro-derecha. El Partido Radical y la CEDA obtuvieron los mejores resultados, pero el presidente de la República, reacio a las ideas extremistas y antirrepublicanas de la CEDA, optó por otorgar el gobierno al partido de Lerroux exclusivamente. Daba comienzo así, el Bienio Negro.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Evolución política del bando rebelde (nacional) durante la Guerra Civil

Los grupos políticos y sus milicias, que habían apoyado y favorecido el alzamiento, no contaban con un proyecto político común y defendían distintos intereses. Es por esto, que en el bando sublevado el ejército se alzó como fuente de iniciativa y de poder del nuevo Estado que comenzaba a perfilarse.

En los inicios estaba planeado que el general Sanjurjo, cabecilla del movimiento golpista, se hiciera con el liderazgo del Estado, pero su muerte en un accidente aéreo cuando partía desde Lisboa hacia España, junto con evidencia de que la revolución no triunfaría y se tornaría en guerra, sumieron en el desconcierto al bando “nacional” que tuvo que afrontar el problema del liderazgo. En Burgos, a 24 de julio de 1936, se creó la Junta de Defensa Nacional, formada por militares como Mola, Franco y Queipo de Llano, y dirigida por el más anciano de ellos, Miguel Cabanellas, cuya misión era ejercer el gobierno sobre el territorio ocupado.  Inmediatamente, suprimieron la Constitución allí donde triunfaron, prohibieron los partidos políticos y se paralizó la reforma agraria iniciada durante la República.

El general Francisco Franco fue ganando más adeptos a medida que avanzaba la guerra, especialmente tras liberar el Alcázar de Toledo, y conseguir establecer contactos de negociación con Hitler y Mussolini. El día 30 de septiembre fue elegido  jefe del Alzamiento, y un día después, nombrado Jefe del gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejército. Paralelamente, se disolvió la Junta de Defensa Nacional y se creó una Junta Técnica de Estado, con sede en Valladolid y Burgos.

A partir de ese momento, el bando rebelde contaba con un poder incontestable y despótico, pero carecía de cohesión política. Debido a la prohibición de los partidos políticos, aquellos que formaban parte del Frente Popular y los sindicatos de clase, se desvanecieron tras el velo de la represión. Sólo se mantuvo la actividad de Falange Española (cuyo líder, José Antonio Primo de Rivera, había sido fusilado en Alicante por los republicanos) y la Comunión Tradicionalista, compuesta básicamente por carlistas. También se toleraban la CEDA y los partidos monárquicos, puesto que estaban casi desmantelados y no tenían gran poder.

Tomando la inspiración del fascismo italiano, Franco creó un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que unificaba a todas las fuerzas “defensoras de la unidad de España”, y se nombró a sí mismo jefe de este partido. Las resistencias de algunos carlistas y falangistas a esta revolución fueron respondidas con el destierro o la prisión.

La institucionalización del nuevo Estado, ultraconservador y ultracatólico,  finalizó con la disolución de la Junta Técnica y la formación del primer gobierno franquista. Franco acaparó entonces  todos los poderes, y pasó a ser llamado “Caudillo de España”. Se arrancaron de raíz todas las reformas y libertades conseguidas por la República. Lejos quedaron los tiempos de libertad religiosa, política, sindical, de prensa y las autonomías. En marzo de 1938, se aprobó el Fuero del Trabajo, una ley inspirada en el fascismo italiano que agrupa a obreros y empresarios en un mismo sindicato y prohibía toda reivindicación o huelga. Además, el nuevo Estado se declaró claramente confesional católico, y restableció el culto religioso en la educación y en el ejército, así como su financiación con dinero público.

En el bando sublevado, la represión se convirtió en un arma más. Los dirigentes “nacionales” no dudaron en promocionar y respaldar las acciones violentas contra cualquier persona no afín a sus ideales, instigando a la gente a ejercer “su justicia” con sus propias manos. Mientras en el bando republicano los dirigentes intentaron por todos los medios respetar la legalidad y someter a todos los acusados a juicios, en el bando “nacional” las ejecuciones se llevaban a cabo sin ellos o, en el mejor de los casos, ante un jurado militar. Muchas personalidades relevantes como Federico García Lorca fueron asesinadas más por ser un símbolo de la República que por haber atacado a los sublevados. Asimismo, miles de personas fueron fusiladas en las cunetas de todo el país y enterradas en fosas comunes sin dejar constancia de su muerte.

Esta represión, pretendía instaurar un clima de terror que facilitara el avance de los sublevados al atemorizar a cualquier persona que se plantease oponerse. Una represión y violencia que para nada se correspondía con la paz y la justicia prometidas por Francisco Franco en su manifiesto del 18 de julio de 1936.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - El estallido de la Guerra Civil

La ajustada victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y la continuación de las reformas iniciadas en el bienio progresista, junto con la amenaza de una revolución comunista en España, movieron a las fuerzas políticas de derecha (con el apoyo de los grandes empresarios, los militares y la Iglesia) a planear un golpe de Estado. Tras algunos intentos fallidos, el asesinato de José Calvo Sotelo, dirigente monárquico, como represalia por el asesinato por parte de los fascistas del teniente Castillo, precipitó la situación.

Melilla, 17 de julio de 1932. El coronel Yagüe se alza en armas contra la República. En los días siguientes la sublevación se extendió por todo el territorio español, y la mayoría de las guarniciones militares se unieron junto con milicias de civiles falangistas y carlistas. El día 18, el general Franco, tras asegurar el triunfo en Canarias, se dirigió hacia la Península al mando del ejército africanista.

La República trató de reaccionar. Durante los primeros días Martínez Barrio fue sustituido al frente del gobierno por Casares Quiroga, quien el día 19 fue sustituido por José Giral. Este decidió finalmente armar a las milicias de los sindicatos y de los partidos de izquierdas. Parte de las fuerzas del orden se mantuvieron fieles a la República y pudieron sofocar la revuelta en ciertos lugares, como fue el caso de la Guardia Civil en Barcelona.

El éxito de la revuelta estuvo determinado por las condiciones sociales y políticas de cada región. En todo el interior de España, Galicia, la zona del Guadalquivir, y en general cualquier lugar con predominio de la gran propiedad, la sublevación triunfó. En cambio, las zonas industriales, donde las fuerzas obreras y de izquierdas tenían mayor peso, como el País Vasco, Cataluña, Madrid, Santander, Valencia, Murcia y también parte de Castilla, Extremadura y Andalucía, resistieron al alzamiento, en algunos casos tras días de lucha callejera.

El objetivo de los sublevados era hacerse con el control rápidamente, decretar el Estado de guerra y reprimir inmediatamente a la oposición. Para ello era crucial hacerse con ciertos lugares clave como Barcelona y Madrid. Pero al cabo de una semana los sublevados no se habían hecho con el control del país y se hizo evidente la división entre los dos bandos.

Los insurgentes se autodenominaron “nacionales” por su defensa de la unidad de España frente a los nacionalismos periféricos. Entre los nacionales no había consenso sobre las acciones a llevar a cabo. Los militares pretendían implantar una dictadura militar para restablecer el orden, los monárquicos y la CEDA deseaban la vuelta de la monarquía alfonsina, los falangistas anhelaban implantar un régimen fascista y los carlistas seguían empeñados en instaurar la monarquía carlista.

Los leales a la república, calificados de “rojos” por los “nacionales” eran básicamente obreros, empleados urbanos, pequeña burguesía y campesinos sin tierras, junto a personalidades de clases medias vinculadas a los partidos vinculados, burgueses ilustrados, intelectuales y artistas. Todos defendían la legitimidad de la República y encarnaban a todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales que la habían apoyado.

La Guerra Civil tuvo desde un primer momento gran repercusión internacional, y fue vista como un enfrentamiento entre fascismo y fuerzas democráticas (socialismo y comunismo). En realidad, era más bien un enfrentamiento entre los partidos dinásticos de la Restauración y los grupos dominantes, que habían visto menguados sus tradicionales privilegios, y los grupos obreros y burgueses. Los países vecinos no se atrevieron a posicionarse claramente y a apoyar económicamente y con armamento a alguno de los bandos por temor a desencadenar la ya inminente Primera Guerra Mundial. Precisamente fueron los países que inspiraban recelo entre la comunidad internacional los que tomaron cartas en el asunto. El bando “nacional”, que ya lo había intentado incluso antes del estallido de la guerra, consiguió el apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi, que enviaron tropas y armamento. El bando republicano buscó el apoyo en la URSS, que hizo lo mismo. Además, las Brigadas Internacionales, llegadas de todas partes, lucharon también contra el fascismo, en una guerra que devastó a la sociedad española, enfrascada en una cruenta lucha entre hermanos.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La guerra en Cuba y sus consecuencias inmediatas

Tras la Paz de Zanjón (1878) los naturales de Cuba esperaron del gobierno una serie de reformas encaminadas a lograr la igualdad entre la isla y la península que no llegaron a implementarse debido a la fuerte presión de los intereses económicos en la isla. Como consecuencia, las ansias de independencia fueron creciendo entre los cubanos y en 1879 se produjo un conato de revolución, la Guerra Chiquita, que fue sofocado por el ejército español en poco tiempo.

 Años más tarde, en febrero de 1895, se produjo un alzamiento en el este de la isla (Grito de Baire) que pronto se extendió hacia el oeste. Los cubanos reclamaban reformas de una vez por todas y el gobierno español envió al general del momento, Arsenio Martínez Campos, para sofocar las revueltas. Este era defensor de la acción militar combinada con la acción política conciliadora para llegar a un acuerdo, pero fracasó en su intento y fue sustituido por el general Valeriano Weyler, buscando una táctica más dura que acabase con la revuelta.

Weyler encerró a los campesinos en campos de concentración para evitar que los ideales revolucionarios se extendieran también a ellos, pero no tuvo en cuenta que si la mano de obra no trabajaba los campos, los alimentos escasearían, por lo que se produjo una terrible hambruna que mermó la población. Además, a causa del hacinamiento al que estaban sometidos proliferaron las enfermedades tropicales a las que los militares españoles no estaban acostumbrados, por lo que comenzaron a caer como moscas. A esto hay que sumarle la escasa preparación de estos y la falta de equipamiento adecuado para convertir en un ambiente distinto, la selva tropical.  Esta nueva táctica además de ocasionar muchas muertes de campesinos que no habían luchado contra los españoles, mermó al ejército peninsular y evidenció que la estrategia de Weyler no era la adecuada.

Muerto Cánovas, el gobierno español se dio cuenta de esto y envió al general Blanco para retomar la antigua estrategia conciliadora, pero ya era demasiado tarde. Los cubanos ya se habían decidido a luchar hasta el final por su libertad y no aceptaron las concesiones del gobierno peninsular: independencia de Cuba, autonomía arancelaria, etc. Este declaró unilateralmente la independencia, ya que Cuba, apoyada por Estados Unidos, estaba resuelta a quitarse el yugo de aquellos que habían colonizado sus tierras.

La que por aquel entonces comenzaba a despuntar como gran potencia económica, Estados Unidos, tenía también intereses económicos en Cuba ya que importaba casi todo el tabaco  y el café que consumían y exportaba a este país algodón, entre otras cosas. El presidente McKinley ya había manifestado su malestar por la política arancelaria de España y encontró el motivo perfecto para intervenir en la guerra cuando el acorazado Maine, anclado en el puerto de La Habana, voló por los aires en abril de 1898. Estados Unidos culpó a España del incidente y envió un ultimátum conminándola a abandonar la isla. España lo rechazó por considerar humillante aceptar la derrotar sin pelea y envió un escuadrón a combatir con la armada norteamericana. La flota Española fue defenestrada en apenas un día por unos barcos más modernos y con mayor alcance ante los que no tenía ninguna posibilidad. Volvieron a España empapados en su humillación.

España se vio obligada a firmar la Paz de París en diciembre de 1898, por la que se comprometía a abandonar Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pasaron a ser protectorados norteamericanos. Aunque en los planos político y económico el desastre del 98 no afectó mucho, de hecho fue bueno para la economía, dejó una importante huella en la moral colectiva española. Se cayó el mito del Imperio Español, los intelectuales se volvieron más críticos con la sociedad española y se dio pie a que un movimiento que estaba tomando fuerza, el regeneracionismo, llegara al primer plano político.