PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Características de la Constitución de 1931 y las 3 principales reformas del bienio de izquierdas (1931-1933)

Tras la proclamación de la República se convocaron elecciones a Cortes constituyentes en junio de 1931, que inmediatamente designaron una comisión encargada de elaborar una nueva Constitución que sería aprobada en diciembre de ese mismo año.

La Constitución de 1931 era muy avanzada para su tiempo. España se definía como una República democrática de trabajadores organizada en régimen de libertad y justicia, y el poder legislativo residía en unas Cortes unicamerales con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como el presidente de la República, cuya finalidad era la representación institucional y la jefatura del Estado. El poder judicial dependía de unos jueces independientes.

La declaración de derechos y libertades era amplia y mostraba preocupación por temas sociales. Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley y en el acceso a la educación y al trabajo, así como la no discriminación por origen, sexo o riqueza. El gobierno podía expropiar bienes de utilidad social y el trabajo quedaba definido como una obligación social. Se establecía el voto desde los 23 años y por primera vez se incluía a las mujeres. El Estado era declaradamente laico, al no declarar ninguna religión como oficial y reconocer el matrimonio civil y el divorcio.

En lo que duró el bienio de izquierdas el gobierno de Manuel Azaña impulsó una serie de reformas que pretendían modernizar y democratizar España, de las cuales destacan tres.

La reforma agraria fue la de mayor envergadura. Sus objetivos eran poner fin al latifundismo (en Andalucía, Castilla y Extremadura la mitad de las tierras pertenecían a unos pocos propietarios) y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Era una reforma esencial dado el gran peso que tenía la agricultura en la economía española (en 1931 la mitad de la población se dedicaba a ella).

Una serie de primeros decretos tuvieron como objetivo proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios: se prohibió rescindir los contratos de arrendamiento, se estableció la jornada laboral de 8 horas y salarios mínimos, y se obligó a los propietarios a poner en cultivo todas las tierras aptas. Sin embargo, la más importante fue la Ley de Reforma Agraria, cuya aplicación correspondía al Instituto de la reforma agraria, y por la cual se podía proceder a la expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes de España, y las tierras mal cultivadas, con arrendamientos sistemáticos o mal regadas podían ser expropiadas sin indemnización.

Los resultados iniciales fueron escasos porque se expropió y se asentó menos debido a la complejidad de la ley, la lentitud y las deficiencias de la burocracia, la falta de presupuesto para hacer frente a las indemnizaciones y la resistencia ejercida por los propietarios. Esto hizo crecer la tensión social, pues los propietarios se aliaron con los enemigos de la República al tiempo que los campesinos se revolucionaban al ver que sus aspiraciones no se cumplían.

La segunda reforma de mayor envergadura fue la religiosa, que perseguía limitar la influencia de la Iglesia y secularizar España. El primer ámbito de actuación fue la Constitución, y más tarde se procedió a secularizar los cementerios y se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La Ley de Congregaciones (1933) limitaba la posesión de bienes a las órdenes y contemplaba la posibilidad de disolución en caso de amenaza para el Estado. En consecuencia, la compañía de los jesuitas fue acusada de depender de un poder extranjero (por su cuarto voto de obediencia al Papa), y se procedió a su disolución y a nacionalizar sus bienes. Buena parte de los sectores católicos la consideraron como una agresión al catolicismo. Las discrepancias se acentuaron a raíz de los movimientos populares anticlericales del 11 y 12 de mayo de 1931. La jerarquía eclesiástica mostró su antagonismo y movilizó a los católicos en contra de la República.

Por último tenemos la reforma del Estado centralista. Esta era una cuestión pendiente en la vida política española, pues las aspiraciones de autonomía de las regiones no castellanas habían ido en aumento desde el desastre del 98.

En Cataluña, el mismo 14 de abril se había proclamada la República Catalana, que iba en contra del pacto de San Sebastián, por lo que se negoció con Cataluña, consiguiendo anular la proclamación a cambio de que se constituyese la Generalitat, que elaboraría un Estatuto de Autonomía (Estatut de Núria). Este fue aprobado en referéndum por los catalanes con un apoyo del 99%, y fue enviado a las Cortes. La Constitución proporcionó un marco legal para el estatuto aunque recortaba algunas competencias. Además, fue aprobado en septiembre de 1932 gracias al empeño del presidente Azaña, porque la derecha y algunos republicanos se opusieron fuertemente. Desde ese momento Cataluña contaba con gobierno y parlamento propios, competencias en economía, sociedad, educación y cultura, y el catalán era declarado lengua cooficial. Las primeras elecciones fueron ganadas por ERC y Francesc Macià fue elegido presidente.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían aprobado en junio de 1931 un proyecto de Estatuto (Estatuto de Estella), cuya aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición de republicanos de izquierdas y socialistas, que lo consideraban en exceso confesional, antidemocrático e inconstitucional. En octubre de 1936, con la guerra iniciada, se aprobó uno fruto del consenso entre nacionalistas, republicanos y socialistas.

Finalmente, en Galicia, debido a la poca conciencia nacionalista, el proyecto de elaboración del Estatuto fue muy lento. En junio de 1936 se sometió uno a plebiscito, pero no pudo ser aprobado por el estallido de la guerra.

A parte de estas reformas, la del ejército, la educativa, la cultural y las reformas laborales vinieron a completar el nuevo marco legal del bienio de izquierdas.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La Constitución republicana de 1931 y las consecuencias de la victoria de los conservadores en las elecciones de 1933

Tras la proclamación de la Segunda República Española el día 14 de abril de 1931, se constituyó un gobierno provisional en el que participaron los firmantes del Pacto de San Sebastián, y se inició un período constituyente que culminó con la aprobación de la Constitución Republicana, en diciembre de 1931, tras seis meses de elaboración e intensos debates.

La Constitución de 1931 fue sin duda la más avanzada de su tiempo. Derrochaba democracia y progresismo, evidentes en el artículo primero, que definía España como “una República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia”,  y se establecía que el poder emanaba del pueblo; soberanía nacional en el máximo apogeo conocido hasta el momento.

Dicha Carta Magna, establecía que el Estado se configurada de forma integral, pero se permitía la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones y municipios.  El poder legislativo recaía plenamente sobre unas Cortes unicamerales con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo residía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como el Presidente de la República, cuya finalidad era la jefatura del Estado y la representación institucional. El poder judicial, se encomendaba a los jueces que debían ejercer con absoluta independencia.

La declaración de derechos y libertades era amplísima. La igualdad absoluta ante la ley, en el acceso a la educación y al trabajo, así como la no discriminación por motivos de origen, sexo o riqueza quedaban garantizadas. El gobierno tenía la potestad para expropiar bienes de utilidad social, y el trabajo se definía como obligación social. Se establecía sufragio universal a partir de los 23 años y por primera las mujeres podían votar. Además, el estado se manifestaba como claramente laico, al no declarar ninguna confesión oficial y legalizar el matrimonio civil y el divorcio.

A pesar de que fue aprobada por una amplia mayoría (368/464 votos), la Constitución no consiguió el consenso entre todas las fuerzas políticas y suscitó grandísimas discrepancias entre los sectores de la izquierda y la derecha, anquilosada por naturaleza, sobre todo en cuanto a la cuestión religiosa y a la posibilidad de romper la tan defendida “unidad de España”. Tal fue la división que se produjeron dimisiones en el mismo ejecutivo, y Manual Azaña se convirtió en nuevo jefe de gobierno, al tiempo que Alcalá Zamora se convertía en Presidente de la República.

Durante los siguientes dos años de gobierno de la coalición republicano-socialista (bienio de izquierdas), se vieron sometidos a un desgaste continuo. En primer lugar, tuvieron que afrontar la coyuntura económica desfavorable a consecuencia del crack del 29, que sucedió a los tiempos de bonanza de la dictadura de Primo de Rivera. La política económica del nuevo gobierno agravó los ya de por sí fastidiosos problemas internos crónicos de España. El aumento de los salarios hizo descender los beneficios empresariales, y el descontento y la desconfianza hicieron derrumbarse a la inversión privada. La política de reducción del gasto público terminó por hundir aquellos sectores que dependían de la inversión, tanto pública como privada.

La conflictividad social fue en constante aumento debido a la lentitud con la que se aplicaron las reformas demandadas por los trabajadores, que sumidos en el desencanto y arengados por los sindicatos protagonizaron numerosas huelgas generales, ocupaciones de tierras e intentos revolucionarios para derribar al orden burgués. Muchas revueltas, como la de Casas Viejas en Andalucía, terminaron en una dura represión por parte de la Guardia Civil.

Todos estos hechos fueron utilizados por la derecha que se estaba organizando para desprestigiar al gobierno de izquierdas. En el fondo, todo estaba orquestado por las élites económicas, sociales e ideológicas (Iglesia, ejército, grandes empresarios…) que veían peligrar sus seculares privilegios. El centro-derecha se reestructuró en torno al Partido Radical, la CEDA fue ganando adeptos, y Renovación Española, la Comunión Tradicionalistas, las JONS y la Falange de Miguel Primo de Rivera contribuyeron a crear un clima de crispación social en el que se produjo un conato de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo (agosto de 1932).

En medio de este clima, Manuel Azaña dimitió y Alcalá Zamora disolvió las cortes y convocó elecciones para un mes más tarde, el 18 de noviembre de 1933. La izquierda se presentó desunida e importantes masas obreros se abstuvieron a petición de la CNT. La derecha se presentó, esta vez, unida, por lo que la victoria fue para los partidos de centro-derecha. El Partido Radical y la CEDA obtuvieron los mejores resultados, pero el presidente de la República, reacio a las ideas extremistas y antirrepublicanas de la CEDA, optó por otorgar el gobierno al partido de Lerroux exclusivamente. Daba comienzo así, el Bienio Negro.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Evolución política del bando rebelde (nacional) durante la Guerra Civil

Los grupos políticos y sus milicias, que habían apoyado y favorecido el alzamiento, no contaban con un proyecto político común y defendían distintos intereses. Es por esto, que en el bando sublevado el ejército se alzó como fuente de iniciativa y de poder del nuevo Estado que comenzaba a perfilarse.

En los inicios estaba planeado que el general Sanjurjo, cabecilla del movimiento golpista, se hiciera con el liderazgo del Estado, pero su muerte en un accidente aéreo cuando partía desde Lisboa hacia España, junto con evidencia de que la revolución no triunfaría y se tornaría en guerra, sumieron en el desconcierto al bando “nacional” que tuvo que afrontar el problema del liderazgo. En Burgos, a 24 de julio de 1936, se creó la Junta de Defensa Nacional, formada por militares como Mola, Franco y Queipo de Llano, y dirigida por el más anciano de ellos, Miguel Cabanellas, cuya misión era ejercer el gobierno sobre el territorio ocupado.  Inmediatamente, suprimieron la Constitución allí donde triunfaron, prohibieron los partidos políticos y se paralizó la reforma agraria iniciada durante la República.

El general Francisco Franco fue ganando más adeptos a medida que avanzaba la guerra, especialmente tras liberar el Alcázar de Toledo, y conseguir establecer contactos de negociación con Hitler y Mussolini. El día 30 de septiembre fue elegido  jefe del Alzamiento, y un día después, nombrado Jefe del gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejército. Paralelamente, se disolvió la Junta de Defensa Nacional y se creó una Junta Técnica de Estado, con sede en Valladolid y Burgos.

A partir de ese momento, el bando rebelde contaba con un poder incontestable y despótico, pero carecía de cohesión política. Debido a la prohibición de los partidos políticos, aquellos que formaban parte del Frente Popular y los sindicatos de clase, se desvanecieron tras el velo de la represión. Sólo se mantuvo la actividad de Falange Española (cuyo líder, José Antonio Primo de Rivera, había sido fusilado en Alicante por los republicanos) y la Comunión Tradicionalista, compuesta básicamente por carlistas. También se toleraban la CEDA y los partidos monárquicos, puesto que estaban casi desmantelados y no tenían gran poder.

Tomando la inspiración del fascismo italiano, Franco creó un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que unificaba a todas las fuerzas “defensoras de la unidad de España”, y se nombró a sí mismo jefe de este partido. Las resistencias de algunos carlistas y falangistas a esta revolución fueron respondidas con el destierro o la prisión.

La institucionalización del nuevo Estado, ultraconservador y ultracatólico,  finalizó con la disolución de la Junta Técnica y la formación del primer gobierno franquista. Franco acaparó entonces  todos los poderes, y pasó a ser llamado “Caudillo de España”. Se arrancaron de raíz todas las reformas y libertades conseguidas por la República. Lejos quedaron los tiempos de libertad religiosa, política, sindical, de prensa y las autonomías. En marzo de 1938, se aprobó el Fuero del Trabajo, una ley inspirada en el fascismo italiano que agrupa a obreros y empresarios en un mismo sindicato y prohibía toda reivindicación o huelga. Además, el nuevo Estado se declaró claramente confesional católico, y restableció el culto religioso en la educación y en el ejército, así como su financiación con dinero público.

En el bando sublevado, la represión se convirtió en un arma más. Los dirigentes “nacionales” no dudaron en promocionar y respaldar las acciones violentas contra cualquier persona no afín a sus ideales, instigando a la gente a ejercer “su justicia” con sus propias manos. Mientras en el bando republicano los dirigentes intentaron por todos los medios respetar la legalidad y someter a todos los acusados a juicios, en el bando “nacional” las ejecuciones se llevaban a cabo sin ellos o, en el mejor de los casos, ante un jurado militar. Muchas personalidades relevantes como Federico García Lorca fueron asesinadas más por ser un símbolo de la República que por haber atacado a los sublevados. Asimismo, miles de personas fueron fusiladas en las cunetas de todo el país y enterradas en fosas comunes sin dejar constancia de su muerte.

Esta represión, pretendía instaurar un clima de terror que facilitara el avance de los sublevados al atemorizar a cualquier persona que se plantease oponerse. Una represión y violencia que para nada se correspondía con la paz y la justicia prometidas por Francisco Franco en su manifiesto del 18 de julio de 1936.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - El estallido de la Guerra Civil

La ajustada victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y la continuación de las reformas iniciadas en el bienio progresista, junto con la amenaza de una revolución comunista en España, movieron a las fuerzas políticas de derecha (con el apoyo de los grandes empresarios, los militares y la Iglesia) a planear un golpe de Estado. Tras algunos intentos fallidos, el asesinato de José Calvo Sotelo, dirigente monárquico, como represalia por el asesinato por parte de los fascistas del teniente Castillo, precipitó la situación.

Melilla, 17 de julio de 1932. El coronel Yagüe se alza en armas contra la República. En los días siguientes la sublevación se extendió por todo el territorio español, y la mayoría de las guarniciones militares se unieron junto con milicias de civiles falangistas y carlistas. El día 18, el general Franco, tras asegurar el triunfo en Canarias, se dirigió hacia la Península al mando del ejército africanista.

La República trató de reaccionar. Durante los primeros días Martínez Barrio fue sustituido al frente del gobierno por Casares Quiroga, quien el día 19 fue sustituido por José Giral. Este decidió finalmente armar a las milicias de los sindicatos y de los partidos de izquierdas. Parte de las fuerzas del orden se mantuvieron fieles a la República y pudieron sofocar la revuelta en ciertos lugares, como fue el caso de la Guardia Civil en Barcelona.

El éxito de la revuelta estuvo determinado por las condiciones sociales y políticas de cada región. En todo el interior de España, Galicia, la zona del Guadalquivir, y en general cualquier lugar con predominio de la gran propiedad, la sublevación triunfó. En cambio, las zonas industriales, donde las fuerzas obreras y de izquierdas tenían mayor peso, como el País Vasco, Cataluña, Madrid, Santander, Valencia, Murcia y también parte de Castilla, Extremadura y Andalucía, resistieron al alzamiento, en algunos casos tras días de lucha callejera.

El objetivo de los sublevados era hacerse con el control rápidamente, decretar el Estado de guerra y reprimir inmediatamente a la oposición. Para ello era crucial hacerse con ciertos lugares clave como Barcelona y Madrid. Pero al cabo de una semana los sublevados no se habían hecho con el control del país y se hizo evidente la división entre los dos bandos.

Los insurgentes se autodenominaron “nacionales” por su defensa de la unidad de España frente a los nacionalismos periféricos. Entre los nacionales no había consenso sobre las acciones a llevar a cabo. Los militares pretendían implantar una dictadura militar para restablecer el orden, los monárquicos y la CEDA deseaban la vuelta de la monarquía alfonsina, los falangistas anhelaban implantar un régimen fascista y los carlistas seguían empeñados en instaurar la monarquía carlista.

Los leales a la república, calificados de “rojos” por los “nacionales” eran básicamente obreros, empleados urbanos, pequeña burguesía y campesinos sin tierras, junto a personalidades de clases medias vinculadas a los partidos vinculados, burgueses ilustrados, intelectuales y artistas. Todos defendían la legitimidad de la República y encarnaban a todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales que la habían apoyado.

La Guerra Civil tuvo desde un primer momento gran repercusión internacional, y fue vista como un enfrentamiento entre fascismo y fuerzas democráticas (socialismo y comunismo). En realidad, era más bien un enfrentamiento entre los partidos dinásticos de la Restauración y los grupos dominantes, que habían visto menguados sus tradicionales privilegios, y los grupos obreros y burgueses. Los países vecinos no se atrevieron a posicionarse claramente y a apoyar económicamente y con armamento a alguno de los bandos por temor a desencadenar la ya inminente Primera Guerra Mundial. Precisamente fueron los países que inspiraban recelo entre la comunidad internacional los que tomaron cartas en el asunto. El bando “nacional”, que ya lo había intentado incluso antes del estallido de la guerra, consiguió el apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi, que enviaron tropas y armamento. El bando republicano buscó el apoyo en la URSS, que hizo lo mismo. Además, las Brigadas Internacionales, llegadas de todas partes, lucharon también contra el fascismo, en una guerra que devastó a la sociedad española, enfrascada en una cruenta lucha entre hermanos.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - La guerra en Cuba y sus consecuencias inmediatas

Tras la Paz de Zanjón (1878) los naturales de Cuba esperaron del gobierno una serie de reformas encaminadas a lograr la igualdad entre la isla y la península que no llegaron a implementarse debido a la fuerte presión de los intereses económicos en la isla. Como consecuencia, las ansias de independencia fueron creciendo entre los cubanos y en 1879 se produjo un conato de revolución, la Guerra Chiquita, que fue sofocado por el ejército español en poco tiempo.

 Años más tarde, en febrero de 1895, se produjo un alzamiento en el este de la isla (Grito de Baire) que pronto se extendió hacia el oeste. Los cubanos reclamaban reformas de una vez por todas y el gobierno español envió al general del momento, Arsenio Martínez Campos, para sofocar las revueltas. Este era defensor de la acción militar combinada con la acción política conciliadora para llegar a un acuerdo, pero fracasó en su intento y fue sustituido por el general Valeriano Weyler, buscando una táctica más dura que acabase con la revuelta.

Weyler encerró a los campesinos en campos de concentración para evitar que los ideales revolucionarios se extendieran también a ellos, pero no tuvo en cuenta que si la mano de obra no trabajaba los campos, los alimentos escasearían, por lo que se produjo una terrible hambruna que mermó la población. Además, a causa del hacinamiento al que estaban sometidos proliferaron las enfermedades tropicales a las que los militares españoles no estaban acostumbrados, por lo que comenzaron a caer como moscas. A esto hay que sumarle la escasa preparación de estos y la falta de equipamiento adecuado para convertir en un ambiente distinto, la selva tropical.  Esta nueva táctica además de ocasionar muchas muertes de campesinos que no habían luchado contra los españoles, mermó al ejército peninsular y evidenció que la estrategia de Weyler no era la adecuada.

Muerto Cánovas, el gobierno español se dio cuenta de esto y envió al general Blanco para retomar la antigua estrategia conciliadora, pero ya era demasiado tarde. Los cubanos ya se habían decidido a luchar hasta el final por su libertad y no aceptaron las concesiones del gobierno peninsular: independencia de Cuba, autonomía arancelaria, etc. Este declaró unilateralmente la independencia, ya que Cuba, apoyada por Estados Unidos, estaba resuelta a quitarse el yugo de aquellos que habían colonizado sus tierras.

La que por aquel entonces comenzaba a despuntar como gran potencia económica, Estados Unidos, tenía también intereses económicos en Cuba ya que importaba casi todo el tabaco  y el café que consumían y exportaba a este país algodón, entre otras cosas. El presidente McKinley ya había manifestado su malestar por la política arancelaria de España y encontró el motivo perfecto para intervenir en la guerra cuando el acorazado Maine, anclado en el puerto de La Habana, voló por los aires en abril de 1898. Estados Unidos culpó a España del incidente y envió un ultimátum conminándola a abandonar la isla. España lo rechazó por considerar humillante aceptar la derrotar sin pelea y envió un escuadrón a combatir con la armada norteamericana. La flota Española fue defenestrada en apenas un día por unos barcos más modernos y con mayor alcance ante los que no tenía ninguna posibilidad. Volvieron a España empapados en su humillación.

España se vio obligada a firmar la Paz de París en diciembre de 1898, por la que se comprometía a abandonar Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pasaron a ser protectorados norteamericanos. Aunque en los planos político y económico el desastre del 98 no afectó mucho, de hecho fue bueno para la economía, dejó una importante huella en la moral colectiva española. Se cayó el mito del Imperio Español, los intelectuales se volvieron más críticos con la sociedad española y se dio pie a que un movimiento que estaba tomando fuerza, el regeneracionismo, llegara al primer plano político.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Características y evolución de los partidos políticos marginados durante la Restauración

A lo hora de redactar esta exposición es necesario tener en cuenta que si abarcase todos los partidos políticos que se oponían al régimen (carlistas, republicanos, socialistas, catalanes, vascos…) necesitaría una cantidad sustancial de tiempo de la que no dispongo. Por lo tanto, es menester centrase en los dos partidos que están relacionados con los textos, y finalmente hacer ligeros apuntes sobre el resto.

 El carlismo experimentó una crisis interna tras la derrota en la Segunda Guerra Carlista ya que algunos miembros reconocieron finalmente a Alfonso XII, y la rama carlista de los Borbones perdió sus derechos dinásticos en la Constitución de 1876. Tras un lapso de tiempo el pretendiente Carlos VII depositó su confianza en Cándido Nocedal y el carlismo se preparó para participar en las elecciones. Sus apoyos se encontraban básicamente en País Vasco, Navarra y Cataluña.

En 1886 se produjo una renovación a cargo de Juan Vázquez de Mella, cuyos ideales quedaron reflejados en el Acta de Loredan, nuevo programa político de los carlistas: defensa de la unidad católica, el fuerismo, la autoridad del pretendiente Carlista, el rechazo a la democracia y la aceptación del nuevo régimen liberal.

Sin embargo, se produjo una disputa religiosa: cierto sector acusó a Carlos VII de dar prioridad a su interés por el trono por encima de la lucha contra el liberalismo que defendía el Vaticano (cesarismo). El líder de ese sector, Ramón Nocedal, se escindió del partido en 1888 y fundó un nuevo partido católico integrista: el Partido Católico Nacional.

Los principales dirigentes del carlismo optaron por la vía política, pero otros no cesaron en sus intenso insurreccionales y protagonizaron varios entre 1899 y 1900. Se mantuvieron las jerarquías militares y se creó la milicia del Requeté, que adquiriría importancia en  la década de 1930.

El socialismo español estaba representado por el PSOE, liderado por Pablo Iglesias hasta su muerte. Dicho partido, fundado en 1876, se hizo con una base social que antes pertenecía al republicanismo y crecía rápidamente desde principios del siglo XX. Su jerarquía era de abajo a arriba, al contrario que el resto de partidos: los Agrupaciones Socialistas Locales se agrupaban a su vez en  las Provinciales, y estas se reunían en el Comité Nacional.

 El partido se asentaba sobre tres directrices básicas: evitar poner en riesgo la organización con grande revoluciones, diferenciarse de los partidos burgueses, motivo por el cual tardaron en producirse alianzas, y aprovechar las ventajas del sistema parlamentario, por lo que desde bien temprano participaron en las elecciones. Con el triunfo de la revolución rusa, algunos partidarios de la línea bolchevique se escindieron y fundaron el Partido Comunista de España en 1921, que obtuvo escasa influencia aunque destacó en Vizcaya y Asturias.

Al margen del sistema se situaba también el republicanismo que siempre tuvo el problema de la fragmentación que le restó eficacia y apoyo electoral. Salvo los Posibilistas, liderados por Emilio Castelar, que siempre se mantuvieron al margen del resto debido su marcado carácter moderado, Progresistas, Centralistas y Federales llegaron a formar una alianza (Unión Republicana) que permitió aumentar sus escaños. Se produjeron algunas escisiones, como el Partido Radical, muy anticatalanista y fundado por Lerroux, exdirigente de la Unión Republicana, y el Partido Reformista, que contó con escasos apoyos.

Aunque se acabaron produciendo movimientos nacionalistas en Valencia, Aragón, Andalucía y Galicia, los más importantes fueron el catalán y el vasco. El primero surgió por la confluencia del renacimiento de la cultura catalana en el movimiento conocido como la Renaixença, el catalanismo político y el descontento de los industriales por la gestión del conflicto en Cuba. La Lliga Regionalista fue el principal partido nacionalista hasta que surgió, en 1931, Esquerra Republicana de Catalunya. En el País Vasco, el sentimiento nacionalista nació por la pérdida de los fueros y el movimiento de defensa de la cultura vasca impulsado por Sabino de Arana, que aseguraba que los inmigrantes españoles (maketos) que trabajaban en las industriar bilbaínas, eran una amenaza para la cultura y la raza vascas.

Todas las fuerzas que se encontraban fuera del sistema fueron creciendo durante toda la etapa de la Restauración, pero su marcada desorganización y el falseo electoral, impidieron que se constituyeran en una oposición fuerte.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las causas de la descomposición del sistema de la Restauración entre 1917 y 1923

A principios del siglo XX, el sistema de la Restauración había empezado a cojear; el desastre del 98 no causó mucho daño pero sí evidenció algunas debilidades. En los años siguientes se producirían una serie de hechos que irían desgastando poco a poco el sistema. Acompañadas del deterioro político, se sucedieron revueltas del proletariado, que había empezado a organizarse en sindicatos, y quejas de los militares que hasta el momento habían estada tranquilitos con sus privilegios.

A partir del año 1917 se agravó la situación a causa de la pasividad renovadora de los partidos dinásticos y la fragmentación y consecuente debilidad de la oposición. No solo esta estaba dividida, sino que la falta de líderes claros en el bando dinástico provocó su fragmentación en distintos grupos incapaces de ponerse de acuerdo para lograr mayorías estables. Se intentó recurrir a “gobiernos de concentración”, el más relevante de los cuales fue el “Gobierno Nacional” impulsado por Maura que intentó reunir a los líderes dinásticos y a los regionalistas catalanes, pero las diferencias entre ellos lo condenaron al fracaso absoluto. Tras esto se retornó al turno de partidos, pero la inestabilidad era demasiado patente (20 gobiernos entre 1918 y 1923). Las trampas electorales no fueron suficientes para que alguno de los partidos dinásticos consiguiese mayoría y terminaron por suspender constantemente las garantías constitucionales y cerrar el Parlamento.

 En el plano obrero, la situación también había llegado a límites peligrosos. El fin de la Primera Guerra Mundial supuso dejar de exportar a los países enfrentados, por lo que en España el paro se disparó junto con los precios. Además, el triunfo de la revolución bolchevique dio alas al proletariado que se movilizó y organizó como nunca en sindicatos. Las regiones industriales se vieron afectadas por las huelgas, sobre todo en Barcelona, donde en 1919 la huelga de La Canadiense dejó sin electricidad a la mayor parte de la ciudad durante largo tiempo. El acuerdo final con la patronal no fue cumplido por esta y la huelga se reanudó con más dureza y represión hacia los obreros.

En Andalucía la revuelta logró tal éxito que muchos municipios llegaron a estar controlados por comités de huelga en lo que se conoce como el trienio bolchevique (1918-1921). Los socialistas y principalmente los anarquistas impulsaron quemas de cosechas y ocupación de tierras.  Córdoba se convirtió en la capital del movimiento y desde allí se extendió por toda Andalucía, La Mancha y Extremadura. Pero la revuelta encontró su fin con la declaración del Estado de guerra, la prohibición de las organizaciones obreras y la detención de sus líderes.

Todo esto desembocó en la radicalización de las posiciones tanto de patronos como de obreros principalmente en Cataluña. Los patronos crearon la Federación Patronal y contrataron pistoleros para atentar contra dirigentes obreros, recurrieron frecuentemente al cierre de empresas y fundaron un Sindicato Libre que fomentaba la violencia contra los obreros. Ciertos grupos vinculados a la CNT (entre los que destacaron “Los Solidarios”) respondieron con más violencia y atentaron contra políticos, patronos y fuerzas del Estado.

La patronal barcelonesa exigió medidas para contener a los que eran sus empleados y enemigos y el gobernador civil de la ciudad condal (Martínez Anido) se dedicó a proteger a los pistoleros de la patronal, reprimir duramente a los sindicalistas y aplicar la Ley de Fugas. Durante este período conocido como el pistolerismo (1916-1923) murieron 226 personas entre las que se encontraba el presidente del gobierno, Eduardo Dato.

Pero sin duda, el hecho que colmó el vaso, fue el desastre de Annual en Marruecos. Esta zona había sido un foco de problemas dado que las tribus autóctonas eran una permanente amenaza para el ejército español, por lo que en 1921 se nombró al general Silvestre, amigo del rey Alfonso, para dirigir una ofensiva contra las tribus rifeñas que terminó en desastre (13000 muertos, incluido el general). Una investigación fue llevada a cabo para averiguar las causas del desastre y se descubrió una trama corrupta de venta de armas al enemigo en la que estaba implicado hasta el rey Alfonso XIII. El temor a que se pidieran responsabilidades políticas y se acabara con el sistema aceleró los sucesos y tanto el monarca como el ejército recurrieron a Primo de Rivera para imponer una dictadura militar que pusiera fin a la crisis. De este modo, el sistema de la Restauración, pasó a ser historia.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las consecuencias del desastre del 98

El incidente del acorazado Maine desencadenó la guerra hispano-norteamericana. España no podía aceptar el ultimátum estadounidense, y la derrota no se hizo esperar. Como consecuencia, todas las colonias tuvieron que ser entregadas al país vencedor según el acuerdo alcanzado mediante la Paz de París.

Sin embargo, las repercusiones inmediatas de la crisis fueron menores de lo esperado. La crisis económica se hizo notar mucho más en Cuba que en la metrópoli. En el territorio peninsular, los principales afectados fueron el textil catalán y la industria vasca, que veían como perdían un mercado protegido. Además, la isla suponía un lastre económico para España, por lo que la recuperación fue rápida ya que bajó la inflación, el paro y la deuda pública, y el capital español fue repatriado, motivo por el cual aumentó la inversión.

Tampoco se produjo la esperada crisis política y el sistema de la Restauración sobrevivió garantizando la continuidad del turno dinástica. No obstante algunos nuevos gobiernos intentaron acometer medidas regeneracionistas, y se produjo un auge de los movimientos nacionalistas que denunciaron la incapacidad del gobierno para defender sus intereses.

Sea como fuere, el principal daño fue moral e ideológico. A causa de la derrota la sociedad quedó sumida en una profunda decepción tras la caída del mito del Imperio español, al mismo tiempo que el resto de potencias europeas comenzaban su expansión imperialista; España quedaba relegada a un papel secundario. En el extranjero la prensa se burló del Estado español y criticaron la ineficacia de su gobierno, la corrupción (parece que es endémica) y la incompetencia de los políticos.

La revolución de la Gloriosa había dejado una generación de intelectuales progresistas descontentos que habían visto truncada la esperanza de modernizar el país, que habían abandonado sus cátedras universitarias y se reunían en la Institución Libre de Enseñanza. Algunos de estos intelectuales consideraban que la influencia de la doctrina católica en la sociedad y la política españolas no favorecía ni la modernización de la cultura ni el desarrollo de la ciencia. El mayor exponente de este movimiento fue Joaquín Costa, autor del primer documento de este examen y defensor del nacionalismo aragonés.

La crisis agudizó la crítica regeneracionista, muy negativa con la historia de España y su moral colectiva, que sostuvo la necesidad de enterrar las glorias pasadas y regenerar el país, pues existía una degeneración de lo español. Defendieron que había que mejorar la situación del campo español y elevar el nivel educativo y cultural. Además, en la década de 1890 había comenzado una renovación en la ciencia española. Asimismo, los escritores de la Generación del 98 intentaron analizar el “problema de España” desde una perspectiva muy crítica y pesimista. Siguiendo el corriente regeneracionista, consideraban que había llegado el momento de la regeneración cultural, moral y social del país.

El desastre del 98, aunque no destruyó el sistema, supuso su fin tal como lo había concebido Cánovas de Castillo y la aparición de una nueva generación de políticos, intelectuales, activistas y empresarios. Pero su política reformista se vio eclipsada por el miedo a desestabilizar el sistema, que hizo que las ansias se tradujeran en cambios mínimos que asegurasen la supervivencia de este. Por otro lado, la derrota militar provocó una mala opinión generalizada de la población sobre el ejército, ya que lo culpaban del desastre. En consecuencia, una parte de los militares se inclinaron hacia el autoritarismo y la intransigencia. Atribuían la culpa del desastre a la corrupción y fue asentándose el sentimiento de que se necesitaba más presencia militar en política para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Esta presencia de los militares y la permisividad con sus exigencias terminaría por desembocar, en 1923, en la dictadura del general Miguel Primo de Rivera.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - El reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

Tras la revolución de 1868, la Gloriosa, España había quedado sin rey. En sus inicios, un gobierno provisional asumió el poder, y tras las elecciones a Cortes constituyentes de 1869, Prim se convirtió en el jefe de gobierno y Espartero ocupó la regencia en ausencia de un monarca. El Conde de Reus (Prim) fue el encargado de buscar un candidato al trono, y tras el rechazo de muchos candidatos, bien por falta de ganas o bien porque otras potencias se oponían, se impuso la candidatura del joven Amadeo de Saboya, de carácter jovial y familiar, cuya dinastía había sido la artífice de la unificación italiana.

El nuevo monarca fue elegido rey por las Cortes en noviembre de 1870 y llegó a España el 30 de diciembre de ese mismo año. Tres días antes habían asesinado a su principal valedor, Juan Prim. Sin su principal apoyo, fue coronado el día 2 de enero.

Desde un primer momento la nueva dinastía tuvo que enfrentarse a multitud de problemas. No gozaba de un gran apoyo entre los diputados de las Cortes y contaron además con la oposición de la aristocracia, el clero y los parásitos de la corte que vieron peligrar su poder cuando Amadeo anunció la voluntad de no intervenir en asuntos políticos e hizo desaparecer la corte. Los militares que no estaban vinculados a progresistas y unionistas se negaron a aceptar su soberanía, la que supondría un problema cuando se desencadenó el conflicto en Cuba. El pueblo tampoco se mostró partidario de la nueva monarquía. La mayor parte tenía fuertes aspiraciones republicanas, y los que aún eran monárquicos recelaban de un rey extranjero.

El sector moderado continuaba fiel a los Borbones y, siendo conscientes de la impopularidad de Isabel II, había comenzado a planificar la restauración en su hijo Alfonso XII. Cánovas de Castillo, el principal artífice de este plan, se dedicó a convencer a muchos dirigentes unionistas y progresistas de que la monarquía borbónica garantizaría la estabilidad.  Tanto la Iglesia, tocada por el decreto de Prim que la había obligada a jurar la Constitución, como las élites económicas, eran favorables a esta vía.

Los carlistas habían aprovechado el clima de libertad aparecido tras la Gloriosa y se habían constituido como fuerza política. La llegada de Amadeo dio motivos para un sector volviera a la insurrección armada y en 1872 se sublevaron soñando con colocar a en el trono a su candidato Carlos VII mientras la antigua reina se encontraba exiliada. La rebelión comenzó en el País Vasco,  y pronto se extendió a Navarra y Cataluña. Aunque no constituyó un gran problema, fue un poco constante de problemas que desestabilizaron la monarquía.

Las clases populares favorables a la opción republicana se opusieron a la nueva monarquía y, en el mismo año que los carlistas, se produjeron insurrecciones de carácter federalista. Estaban instigadas tanto por republicanos como por anarquistas, y desestabilizaron aún más al régimen.

El conflicto que se inició en Cuba en 1868 con el “Grito de Yara” y que desembocó en la Guerra de los Diez Años, también jugó su papel. Los criollos sublevados contaron con el apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud. El gobierno trató de llevar a cabo el proyecto, pero la oposición de los sectores con intereses económicos en la isla frustró las aspiraciones de los cubanos e impidió la solución pacífica al conflicto.

Pero la carta que derrumbó el castillo de naipes que eran el gobierno y la Corona fue la desintegración de la coalición gubernamental que había apoyado al nuevo rey. Se sucedieron seis gobiernos en dos años y la oposición practicaba un total abstencionismo como forma de protesta. Amadeo terminó por renunciar al trono y abandonó España dejando la impresión de un país ingobernable y contrario a la democracia.

PAU HISTORIA DE ESPAÑA - Las causas de la Revolución Gloriosa y las primeras medidas del gobierno provisional

La revolución de la “Septembrina” se debió a una conjunción de factores tanto económicos como políticos.  Desde la perspectiva política, los gobiernos moderados llevaban varios años gobernando con excesivo autoritarismo (a base de decretos y cerrando las Cortes), e incluso habían intentado imponer una dictadura tecnocrática (la de Bravo Murillo), aunque cierto sector de los moderados se opuso, evidenciando la fractura interna del partido. El descontento se extendía a amplias capas sociales, desde los grandes negociantes que querían salvar sus inversiones en Bolsa, hasta los obreros y campesinos que denunciaban su miseria.  Además, la Corona apoyaba a los moderados, dejando al resto de fuerzas políticas en la absoluta marginación y abocándolas a la conspiración.

Como consecuencia, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1867 estableciendo las líneas de actuación que seguirían (inicar una revolución, acabar con la monarquía isabelina y dejar la elección del nuevo sistema de gobierno en manos de unas Cortes constituyentes). Meses más tarde los unionistas se adherirían al pacto con lo que aportaron gran parte de la cúpula del ejército.

En el ámbito económico, desde mediados de la década de 1860 se vivía la primera gran crisis internacional del sistema capitalista, que en España confluía con una crisis industrial y otra de suministros.

La crisis financiera en España se debió sobre todo al fiasco de los ferrocarriles. Estos habían dado menos beneficios de lo esperado y las empresas explotadoras exigían subvenciones del Estado. Este era incapaz de pagarlas debido a una terrible devaluación de la moneda (en 1868, 100 reales costaban 33 en la Bolsa). La banca privada también se vio afectada y canceló créditos a particulares y empresas, desencadenando la alarma social.

Además, la Guerra de Secesión estadounidense había hecho descender la exportación de algodón en lo que se conoció como el “hambre del algodón” y su precio se disparó. Esto fue un problema para la industria algodonera catalana, que veía como la materia prima subía de precio mientras la demanda del producto caía en picado a causa de la crisis de subsistencia. Algunas de las empresas más pequeñas, no pudieron resistir la subida de precios y tuvieron que cerrar, dejando a muchos trabajadores en la calle.

Por último, una serie de malas cosechas de trigo había disparado los precios (desde 1865 hasta 1867 subieron un 65%, y en 1868 costaba el doble que tres años antes).  Otros productos básicos para la población española como el arroz, el pan y el bacalao se encarecieron también.

La penosa situación económica no tardó en reflejarse en las clases populares. En el campo el hambre desencadenó violentos conflictos; en la ciudad, muchos trabajadores se vieron abocados al paro y las clases obreras perdieron poder adquisitivo. La revolución era inminente.

Cuando triunfó, unionistas y progresistas establecieron un gobierno provisional sin el consenso de las Juntas revolucionarias y ordenaron disolverlas y desarmar a la Milicia Nacional para poner fin a la revolución. Se promulgaron una serie de decretos encaminados a calmar la agitación popular como la libertad de imprenta, de reunión y de asociación, el sufragio universal masculino, etc., y se convocaron elecciones a Cortes constituyentes según lo acordado en el Pacto de Ostende.

La victoria fue para la coalición de progresistas, unionistas y parte de los demócratas, y se elaboró una nuevo Constitución, democrática, que establecería las bases de la nueva etapa política. La carta magna definía España como un Estado monárquico,  y en ausencia de un rey, la regencia recayó en Serrano y la presidencia del gobierno en Prim. La búsqueda de un nuevo monarca dio con Amadeo de Saboya, pero este gobierno tuvo que afrontar muchos más problemas: el descontento de los republicanos, la vuelta de los carlistas, y la penosa situación económica que arrastraba España desde los últimos años del reinado de Isabel II.